La presentación del Presupuesto 2026 por parte del gobierno nacional renovó el compromiso con el superávit fiscal, fijando como meta para el próximo año un resultado primario positivo equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Así lo destacó el presidente Javier Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional, en el que hizo hincapié en la necesidad de alcanzar consensos y recalcó el equilibrio fiscal como base de su gestión.

Sin embargo, tras este ordenamiento de las cuentas públicas que celebra el sector privado, surgen interrogantes sobre el costo de estas medidas y su impacto en otras áreas, como la educativa. Un ejemplo concreto es la situación de las empresas fabricantes nucleadas en la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), que reclaman el pago de una deuda pendiente por la provisión de notebooks en el marco del programa Conectar Igualdad.

En una nota dirigida a la Secretaría de Educación, las compañías adjudicatarias advirtieron que la deuda, con más de 18 meses de atraso, generó un fuerte deterioro financiero especialmente entre las pequeñas y medianas empresas del sector. Esta situación afecta su flujo de caja y complica el cumplimiento de obligaciones con proveedores y el pago de gastos corrientes, según señalaron las entidades representadas por CADIEEL.

La licitación pública en cuestión, identificada como proceso N°82-0137-LPU21 y oficializada mediante la Decisión Administrativa 532/2022, contemplaba la adquisición de 1.020.000 notebooks educativas. El monto total adjudicado superó los 389 millones de dólares, con la participación de diez empresas: Informática Fueguina, Newsan, AGEN, PC Arts Argentina, CORADIR, EXO, Grupo Núcleo, Novatech y AIR SRL, entre otras. Si bien CADIEEL no detalló el saldo impago, trascendió que la deuda supera los 50 millones de dólares (sin incluir a Newsan), y que en 2024 solo se entregó entre el 50% y el 60% de los equipos acordados originalmente.

El Ministerio de Capital Humano, responsable actual del programa, reconoció estar al tanto del tema, aunque evitó dar precisiones sobre posibles pagos o soluciones inmediatas. Por su parte, CADIEEL decidió, al menos por el momento, no enviar la nota formal de reclamo que iba a ser dirigida a la ministra Sandra Pettovello y los secretarios Carlos Torrendell (Educación) y Carlos Guberman (Hacienda), en busca de destrabar la situación.

Otro elemento que suma presión al sector industrial es la política arancelaria: mientras los celulares importados verán sus aranceles reducidos a cero a partir de enero, las notebooks siguen gravadas con tasas que van del 8% al 16%. Esto, sumado a la dolarización de la mayoría de los insumos y componentes necesarios para la fabricación local, agrava la situación financiera de las empresas adjudicatarias. «En pesos solo pagamos mano de obra, energía y alquiler, pero casi todo lo demás está dolarizado, incluidos los softwares», explicó un empresario del rubro, remarcando las dificultades para responder ante proveedores internacionales.

El malestar no se limita al sector empresarial. El gremio docente, a través de CTERA, denunció la virtual paralización del programa Conectar Igualdad y el fuerte recorte en su financiamiento. Según datos aportados por el exjefe de Gabinete Nicolás Posse en el Senado, la ejecución presupuestaria del programa se redujo en un 80%. Actualmente, más de 3.000 escuelas continúan sin acceso adecuado a conectividad, lo que limita las oportunidades educativas de sus estudiantes.

Tras la transferencia del programa al Ministerio de Capital Humano, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, señaló que la política perdió centralidad y continuidad. En la provincia de Buenos Aires, la falta de fondos nacionales llevó a la creación de una versión local del programa, aunque con recursos enfocados solo en el último año de la secundaria.

La combinación de la búsqueda del equilibrio fiscal, el retraso en los pagos a proveedores y el recorte en la inversión educativa pone en jaque la continuidad de programas fundamentales para la inclusión digital y educativa. Mientras el gobierno defiende el ordenamiento de las cuentas públicas, empresas y gremios insisten en que el costo de estas políticas podría ser el retroceso en derechos y oportunidades para miles de estudiantes argentinos.