Este miércoles, Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar nuevamente que el juez federal Julián Ercolini sea apartado de la investigación en su contra por violencia de género hacia su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. Fernández, procesado y próximo a enfrentar un juicio oral, sostiene que Ercolini no puede garantizar imparcialidad en el caso.
La audiencia se desarrolló en el primer piso de los tribunales de Retiro ante la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, responsables de evaluar el pedido de apartamiento. Fernández arribó minutos antes de las 11 acompañado de su custodia y permaneció en el lugar alrededor de una hora.
Durante su exposición, el ex mandatario argumentó que su relación con Ercolini había pasado de una amistad, forjada en la facultad de derecho, a una enemistad manifiesta, lo que, según Fernández, impide que el magistrado actúe con objetividad. Además, recordó que durante su presidencia denunció al juez y a otros involucrados por el viaje a Lago Escondido, señalando este antecedente como una causal legal para impedir que Ercolini continúe interviniendo en la causa.
«He sufrido acciones judiciales, mediáticas y políticas orientadas a cancelarme social y políticamente, y considero que el principal responsable es Ercolini», sostuvo Fernández ante los jueces de Casación. Sus abogados, Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, reforzaron el pedido de apartamiento, remarcando la supuesta parcialidad del magistrado.
Por el lado de la querella, el abogado de Fabiola Yañez, Mauricio D’Alessandro, rechazó el planteo de la defensa del ex presidente. Argumentó que no corresponde que la Cámara de Casación intervenga en el tema y calificó la solicitud como una maniobra dilatoria. La querella también recordó que intentos similares de apartar al juez ya fueron desestimados en todas las instancias judiciales previas.
El procesamiento de Fernández fue dictado por Ercolini y confirmado por la Cámara Federal. Se le imputan lesiones leves y graves agravadas, ambas cometidas en un contexto de violencia de género, y amenazas coactivas. En caso de ser condenado, la pena podría alcanzar los 18 años de prisión.
La investigación fue instruida por el juez federal Ramiro González, quien en agosto pasado consideró que la etapa de instrucción estaba concluida y solicitó que el expediente avance a juicio oral y público. Paralelamente, la defensa de Fernández promovió una serie de planteos de nulidad, todos rechazados hasta el momento; ahora resta que la Cámara Federal resuelva sobre estos pedidos.
La resolución de la Cámara de Casación Penal será clave para determinar si el juez Ercolini continuará al frente de la causa o si se hará lugar al reclamo del ex presidente. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a la opinión pública y suma un capítulo más al enfrentamiento entre Fernández y el magistrado.
