El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 con la promesa de dinamizar la economía argentina, ha quedado en el centro de la controversia tras la difusión de un informe de la Fundación Encuentro. El reporte advierte que el programa, lejos de impulsar una ola de capitales frescos, terminó favoreciendo a iniciativas empresariales que ya estaban en marcha antes de la sanción de la ley.

La expectativa inicial del Gobierno era ambiciosa: atraer inversiones por valor de 50.000 millones de dólares. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Hasta la fecha, solo se aprobaron proyectos por 8.572,8 millones de dólares, lo que representa apenas el 17,1% de lo proyectado. Pero el dato más revelador es que, si se consideran únicamente los emprendimientos que surgieron tras la implementación del RIGI, la cifra desciende drásticamente a 255 millones de dólares, es decir, apenas un 0,5% del objetivo inicial.

Otro aspecto que expone el informe es la limitada diversificación sectorial. De los ocho sectores estratégicos definidos por el régimen, solo cuatro –petróleo y gas, energía, minería y siderurgia– recibieron aprobaciones. Sectores como turismo, forestoindustria, tecnología e infraestructura, que podrían haber ampliado la matriz productiva, quedaron excluidos de los beneficios otorgados hasta el momento.

En el primer año de vigencia, se aprobaron siete proyectos, de los cuales seis ya estaban en marcha o habían sido anunciados antes del lanzamiento del RIGI. Incluso empresas públicas como YPF resultaron protagonistas: participa en tres de los siete proyectos aprobados, dos de ellos vinculados directamente a Vaca Muerta, la principal reserva de hidrocarburos no convencionales del país.

La Fundación Encuentro concluye que el RIGI, en los hechos, funcionó más como un mecanismo de transferencia de recursos fiscales hacia empresas con planes ya definidos, que como una verdadera palanca para atraer capital nuevo y diversificar la economía. En palabras del informe, “la Argentina no carece de proyectos productivos, sino de políticas públicas que prioricen el valor agregado, el empleo y los encadenamientos productivos”.

Los datos oficiales del Gobierno también reflejan un bajo nivel de ejecución. Según la última exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, de los proyectos presentados por un monto total de 33.876 millones de dólares, solo se aprobaron iniciativas por 13.067 millones de dólares, lo que equivale al 35%. De las 20 propuestas evaluadas, siete obtuvieron luz verde, una fue rechazada y doce siguen en estudio. Desde los sectores de energía y minería, se sostiene que el régimen sigue siendo una herramienta valiosa para captar inversiones, aunque reconocen que su vigencia probablemente deberá extenderse más allá del 31 de julio de 2026 para dar tiempo al análisis de los proyectos en carpeta.

El panorama de la Inversión Extranjera Directa en el país tampoco ayuda a revertir la percepción de estancamiento: en 2025, el saldo fue negativo, con una salida neta de 1.679 millones de dólares. Este dato refuerza la idea de que no hubo un “boom inversor” ni un efecto expansivo significativo derivado del RIGI.

Mientras tanto, fuentes del sector energético señalaron que al menos otros siete proyectos están en etapa de elaboración para ser presentados ante el Ministerio de Economía. No obstante, el balance hasta el momento deja en evidencia que el régimen, lejos de cumplir con la meta de convertirse en el motor de la reactivación económica, se transformó en un esquema de beneficios para inversiones preexistentes, sin generar el salto productivo esperado.