El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva denuncia presentada por el dirigente social y postulante kirchnerista Juan Grabois. El eje de la controversia gira en torno a 200 mil dólares que Espert habría recibido en febrero de 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino-estadounidense detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos, donde se lo investiga por delitos vinculados al fraude y el narcotráfico.

La presentación de Grabois, radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, se suma a una causa previa de 2021 que ya indaga en el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019. Ambas investigaciones podrían unificarse si los magistrados así lo deciden, dada la conexión entre los hechos y los protagonistas, aunque por ahora se tramitan por separado en Comodoro Py y San Isidro.

La denuncia sostiene que Espert habría incurrido en lavado de dinero al aceptar fondos de Machado, quien desde 2021 cumple prisión domiciliaria en Viedma a la espera de la resolución de su extradición a Estados Unidos. Grabois, actualmente tercero en la lista bonaerense de Fuerza Patria, remarcó que el diputado libertario habría tenido un incremento patrimonial del 789% que, según él, estaría relacionado con la inyección de dinero proveniente del narcotráfico.

Federico Machado, el empresario detrás de la polémica, fue objeto de una investigación en Texas donde su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de cárcel. En los balances de un fondo fiduciario gestionado por ambos surgió el documento que señala el pago de 200 mil dólares a Espert, meses después de finalizada la campaña de 2019.

Espert no ha negado la relación con Machado y reconoció que el empresario lo transportó en avión privado para la presentación de su libro “La sociedad cómplice” en Viedma, y que también colaboró en el financiamiento de su campaña. Sin embargo, hasta el momento el diputado no ha dado explicaciones públicas sobre el origen y destino de los 200 mil dólares mencionados en la denuncia de Grabois.

Las causas judiciales avanzan en paralelo. En la investigación sobre el financiamiento de la campaña de 2019, la semana próxima deberán declarar como testigos dos autoridades de la empresa dueña del avión utilizado por Espert en aquel viaje a Río Negro. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi busca determinar detalles sobre el traslado y el financiamiento de la campaña.

Además, en los últimos meses la justicia electoral desaprobó los informes de campaña de Espert de 2019 y sancionó con la pérdida de financiamiento público para la siguiente elección. El motivo fue la ausencia de documentación respaldatoria sobre los gastos, la falta de declaración jurada y la omisión de los aportes recibidos de Machado. Los peritos contables que analizaron las rendiciones confirmaron que no se registraron contribuciones privadas de Machado, y en el informe final solo consta un gasto mínimo en concepto de “Servicios de Transporte”.

Mientras tanto, el kirchnerismo anticipó que pedirá la remoción inmediata de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, argumentando la gravedad de los señalamientos en su contra. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, manifestó que no puede debatirse el Presupuesto 2026 con un diputado “con vínculos narcos” al frente de esa comisión.

Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó a Espert, calificando la denuncia como parte de una “metodología” de operaciones y rumores infundados que, según él, se repiten cíclicamente en la política argentina.

Fred Machado, en tanto, continúa a la espera de que se defina su extradición tras una orden de la justicia federal de Neuquén. La Corte Suprema devolvió el expediente para que se solicite información adicional a Estados Unidos sobre la causa que pesa sobre el empresario.

Mientras la justicia avanza en la investigación y los bloques políticos se cruzan acusaciones, el caso expone nuevamente la vulnerabilidad de los mecanismos de financiamiento de las campañas electorales en Argentina y la influencia de actores externos en la política local.