El pasado viernes, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a Eva Mieri, concejal de Quilmes, a Alesia Abaigar, directora de Sensibilización del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de Buenos Aires, y a Iván Díaz Bianchi, empleado de un hospital provincial, por su presunta participación en el ataque con estiércol a la casa del diputado José Luis Espert.

En una entrevista con Todo Noticias, Arroyo Salgado detalló los motivos tras su decisión. Consideró que Mieri y Abaigar actuaron como organizadoras de los eventos, destacando que ambas son funcionarias que desviaron de sus responsabilidades oficiales. En particular, Mieri, quien lidera el bloque K en Quilmes y es una figura cercana a la intendenta Mayra Mendoza, enfrenta acusaciones por malversación de fondos públicos, al haber utilizado una camioneta municipal para el ataque.

La jueza señaló que el uso indebido del vehículo, destinado inicialmente a otros fines según una licitación, constituye una violación de la administración pública. La resolución sostiene que tanto Mieri como Abaigar formaron parte de un grupo cuya intención era condicionar las acciones de Espert y amedrentar a aquellos que no compartieran sus ideales políticos. Este accionar violento e intimidante se agravó por el uso de recursos estatales, aprovechando su posición como funcionarias.

Arroyo Salgado explicó que el procesamiento se basa en delitos contra el orden público, tipificados en el artículo 213 bis del Código Penal, que penaliza la participación en organizaciones con fines violentos o intimidantes. Este delito conlleva penas de prisión de tres a ocho años. Además, los tres imputados enfrentan cargos por amenazas coactivas agravadas por su anonimato, buscando forzar a la víctima a actuar contra su voluntad.

Los acusados también son señalados por incitación al odio o persecución por razones políticas, según la Ley de actos discriminatorios. Asimismo, se les imputa falsificación de la numeración de un bien registrable, ya que taparon la patente de la camioneta utilizada en el ataque. Según la jueza, los acusados actuaron con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, procurando impunidad mediante el uso de disfraces y enmascaramiento durante la noche.

Durante la entrevista, Arroyo Salgado mencionó que varias personas fueron exoneradas, mientras que otras siguen bajo investigación por falta de pruebas concluyentes. Iván Díaz Bianchi, de 22 años, es el tercer procesado, quien ocupa el puesto de secretario administrativo en el Hospital Cetrángolo de Vicente López.

La jueza defendió la decisión de dictar prisión preventiva para las funcionarias, enfatizando que investiga las amenazas sin subestimarlas. Recordó que ha intervenido en casos similares, independientemente del color político de las víctimas, como ocurrió con Esteban Bullrich y Eugenio Burzaco.

Finalmente, Arroyo Salgado subrayó la gravedad de atacar la vivienda privada de cualquier funcionario, sea juez, fiscal o legislador, destacando su compromiso con la ley y las pruebas del caso.