La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ha ordenado al gobierno argentino presentar un inventario completo de todos los bienes que posee fuera del país, luego de que la justicia estadounidense fallara contra Argentina en la causa por la estatización de YPF en 2012. El monto que la nación sudamericana debe afrontar asciende a 16.100 millones de dólares, en respuesta al reclamo de fondos de inversión que adquirieron los derechos de litigio.

El proceso judicial, que ha captado la atención internacional, se centra en la demanda presentada por fondos especulativos que consideran que la expropiación de la petrolera argentina se realizó sin la debida compensación a los accionistas minoritarios. El reciente fallo de Preska, que condena a la Argentina al pago de una suma millonaria, ahora avanza sobre una nueva etapa: la identificación de bienes susceptibles de embargo en el extranjero para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

El gobierno argentino intentó limitar el alcance del requerimiento judicial. Solicitó a la magistrada que se hiciera una distinción entre los activos de índole comercial y aquellos considerados estratégicos, como los que pertenecen al área de Defensa. El planteo apuntaba a que únicamente se incluyeran en el listado aquellos bienes que pudieran ser ejecutados para el pago de la deuda, dejando a salvo los activos estratégicos. Sin embargo, la jueza Preska rechazó este pedido y ordenó que se entregue la información sobre la totalidad de los activos que el país mantiene en el exterior, sin distinción.

El próximo paso será la evaluación de estos activos por parte de la jueza, quien determinará cuáles de ellos pueden ser embargados y cuáles quedarían exentos de ese proceso. Preska manifestó que recién una vez que cuente con el detalle completo de los bienes argentinos en el exterior, avanzará en el análisis caso por caso para definir cuáles son susceptibles de ejecución y cuáles no.

Esta decisión representa un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional que enfrenta Argentina por la nacionalización de YPF, una medida tomada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, el país ha enfrentado múltiples demandas en tribunales extranjeros, pero la reciente sentencia en Nueva York es la más relevante en cuanto a la magnitud del monto reclamado y las implicancias sobre el patrimonio nacional en el exterior.

Por el momento, la causa sigue su curso y se espera que en los próximos días el gobierno argentino presente el listado solicitado. La definición sobre qué activos podrán ser eventualmente embargados quedará a criterio de la jueza Loretta Preska, una vez que disponga de toda la información.

La noticia continúa en desarrollo y se espera que tenga un impacto significativo en la estrategia de defensa legal de Argentina y en su relación con los mercados internacionales.