El escenario judicial que involucra a la familia Kirchner sumó un nuevo capítulo luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaran la ejecución inmediata de una veintena de propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Los hijos de la ex presidenta respondieron con un duro escrito en el que rechazan la medida cautelar y exigen que se levanten las restricciones sobre su patrimonio.
La disputa surge en el marco de la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, exigió a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados, el pago de casi 685 mil millones de pesos. Esta suma, que fue actualizada por peritos de la Corte Suprema, corresponde al decomiso solidario ordenado tras la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El monto inicial, dictado en diciembre de 2022, ascendía a 85 mil millones de pesos, pero la inflación y las actualizaciones lo elevaron considerablemente.
El Tribunal estableció un plazo de diez días hábiles para que los condenados depositaran la suma exigida, pero al no registrarse movimientos en la cuenta judicial, se avanzó hacia la ejecución patrimonial. El TOF 2 determinó que los bienes susceptibles de ser decomisados son aquellos que se incorporaron al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, periodo en el que se cometieron los delitos investigados. Entre los activos bajo la lupa figuran hoteles, terrenos, casas y complejos de departamentos pertenecientes a la familia Kirchner.
El Ministerio Público Fiscal impulsó la ejecución sin esperar la opinión de los involucrados. Sin embargo, los jueces consideraron necesario recabar las posturas de las partes, extendiendo la consulta a Máximo y Florencia Kirchner, aunque no sean formalmente parte de la causa principal. En su respuesta, los hijos de la ex presidenta solicitaron que no se ejecuten los bienes, argumentando que fueron adquiridos legítimamente y sin vínculo con los hechos investigados.
El abogado defensor Luis Goldin afirmó que la pretensión de la fiscalía carece de fundamento jurídico y calificó el pedido como una «desnaturalización del decomiso». Según Goldin, el TOF 2 permitió que se ejecute cualquier propiedad adquirida durante el periodo investigado, incluso aquellas que pudieran demostrar un origen lícito, lo que considera un error interpretativo. Además, criticó a los fiscales por no analizar en detalle cada operación de compra de los inmuebles, limitándose a referencias genéricas y sin determinar si las adquisiciones fueron gratuitas, onerosas o si su licitud ya fue establecida en otros procesos judiciales.
La defensa sostiene que los bienes fueron adquiridos a título oneroso por los progenitores de Máximo y Florencia, con fondos legítimos y a través de operaciones genuinas, descartando así que puedan ser considerados producto o provecho de un delito. También enfatizó que ambos hijos de la ex presidenta no tuvieron participación en los hechos por los cuales se dictó condena en la causa Vialidad.
Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, también se opuso al pedido de los fiscales. En su escrito, remarcó que las propiedades en cuestión fueron incorporadas al patrimonio familiar bajo estricto control judicial y en cumplimiento de las reglas sucesorias, afirmando que su licitud fue validada por la justicia mediante sentencia firme. Sostuvo que ninguno de los bienes cumple con las condiciones legales para ser decomisados y solicitó que el pedido fiscal sea rechazado sin más trámite.
Para la familia Kirchner, el intento de ejecución patrimonial no responde a la recuperación de activos relacionados con la corrupción, sino que persigue un castigo simbólico, buscando –según su visión– estigmatizarlos y despojarlos de todo su patrimonio como forma de escarmiento institucional.
