La campaña en Chubut arrancó con un golpe a la credibilidad del candidato peronista Juan Pablo Luque. En los días 27 y 28 de agosto de 2025, la Justicia provincial activó allanamientos a exfuncionarios de su círculo más cercano en la causa “Emergencia Climática II”, una derivación del expediente por corrupción que ya dejó condenas en 2024 por el manejo de fondos tras el temporal que arrasó Comodoro Rivadavia en 2017. Entre los objetivos estuvo el estudio del exsecretario de Economía Germán Issa Pfister, hombre de confianza de Luque durante su paso por la municipalidad.
La fiscalía, a cargo de Cristian Olazábal, informó que se secuestraron equipos informáticos y documentación para verificar presuntas maniobras delictivas adicionales a las ya probadas en el primer juicio, que incluyó exsecretarios, inspectores y empresarios. El fiscal habló de búsqueda de evidencia “digital y contable” y la prensa local detalló que fueron tres procedimientos orientados al entorno político y administrativo que gobernaba la ciudad en aquellos años.
Antecedente pesado: condenas por fraude en 2024
El panorama que hoy incomoda a Luque no nace de la nada. En julio y agosto de 2024, la Justicia condenó por fraude a la administración pública a exfuncionarios claves de Comodoro Rivadavia —Abel Boyero y Rubén Palomeque—, además de inspectores municipales y contratistas privados, por sobrefacturación y cobros por trabajos no ejecutados durante la emergencia. Varias de esas penas fueron de cumplimiento efectivo y quedaron firmes a fin de año, con confirmaciones y medidas de prisión para parte de los condenados.
Qué se investiga ahora: “retornos”, exacciones y documentos adulterados
La “Emergencia Climática II” amplía el marco: según el expediente, se indagan exacciones ilegales, negociaciones incompatibles y posibles pedidos de “retornos” a contratistas, a partir de chats y elementos que surgieron en el primer juicio y que motivaron a los jueces a ordenar nuevas pesquisas. También hay irregularidades documentales (enmiendas, correcciones y facturas rectificadas) que podrían haber favorecido a empresarios vinculados políticamente. Todo está en fase preliminar, pero con medidas activas.
El nombre propio que salpica: Germán Issa Pfister
Los operativos incluyeron el estudio contable de Issa Pfister, quien fue secretario de Economía tanto con Carlos Linares como con Juan Pablo Luque. No es un funcionario cualquiera: desde el Boletín Oficial municipal de 2019 consta su rol en el corazón financiero de la gestión, lo que refuerza la pregunta política de fondo: ¿qué controles ejerció Luque sobre su equipo más cercano?
Otra arista abierta: contrato de radares por $85 millones bajo pesquisa
En paralelo, medios locales informaron que la Fiscalía General investiga por “defraudación agravada” un contrato de cámaras y radares (Licitación Pública N.º 03/2023) suscripto durante la gestión de Luque con la firma Speed Radar Tech SRL, por alrededor de $85 millones. Se pidió toda la documentación, cronograma de pagos y reportes de funcionamiento porque, según esas publicaciones, solo dos de veinte equipos estarían operativos, y se señalan vínculos de favoritismo con el entorno de Issa Pfister. Se trata de una denuncia del asesor letrado municipal que aún se encuentra en investigación.
Polémica inesperada: defensa a un juez acusado por corrupción y abuso
En otro giro polémico, Luque generó revuelo al defender públicamente al juez Claudio Petris, denunciado por corrupción, abuso sexual, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut. El exintendente cuestionó la eliminación de los fueros judiciales y denunció una “presión mediática y política” contra Petris, a quien calificó de víctima de “un hecho aberrante”. Con su postura, repitió el discurso del cuestionado juez y se alineó con una posición que muchos consideran una defensa del statu quo y los privilegios del sistema judicial.
La defensa de Luque: “circo judicial” y victimización política
Luque niega cualquier vinculación con la causa de la emergencia y denuncia una “persecución política disfrazada de justicia” en pleno inicio de campaña. Asegura que “en 12 años de gestión jamás tuve una denuncia” y apunta contra el gobierno provincial por montar “un circo” para desprestigiarlo. También remarcó que tanto el ministro de Seguridad provincial como el fiscal confirmaron que él no está imputado.
