En la madrugada del jueves, se espera la llegada de un vuelo especial proveniente de Estados Unidos que trae a un grupo de argentinos deportados bajo la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump. El avión, operado por la compañía Omni Air International y contratado por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (Homeland Security), aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras hacer escalas en Bogotá y Belo Horizonte, donde descendieron ciudadanos brasileños.
Este operativo marca la primera vez que argentinos son repatriados en un charter especialmente dispuesto por el Homeland Security, organismo ahora dirigido por Kristi Noem, figura clave de la estrategia migratoria más estricta del expresidente republicano. Según medios estadounidenses, ya se habían producido alrededor de 300 deportaciones de argentinos durante la gestión de Trump, pero nunca antes en un vuelo fletado exclusivamente para este fin.
A pesar del impacto que genera este suceso, tanto la Casa Rosada como el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, optaron por el silencio, evitando comunicar oficialmente la llegada de los deportados. La decisión apunta a no evidenciar posibles fisuras en la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente con el ala republicana.
La lista tentativa de pasajeros incluye al menos diez ciudadanos argentinos, todos mayores de edad y en su mayoría sin antecedentes penales previos, según fuentes oficiales. Esto implica que, a diferencia de otros casos de deportación, no deberían enfrentar detenciones al pisar suelo argentino. Entre las personas repatriadas hay hombres y mujeres, con edades que van desde los 20 hasta los 60 años.
El detalle de las acusaciones que motivaron las expulsiones varía. Algunos, como Sergio Correas Videla y Francisco Paglino, fueron señalados por conducir bajo los efectos del alcohol. Luciana Lorena Lopresti enfrenta cargos por presuntas agresiones, aunque no se especifica la naturaleza de los hechos. María Meiners aparece en los documentos del Homeland Security acusada de fraude, mientras que Marcos Ontivero fue deportado por solicitar servicios de prostitución. Ricardo Herrera-Manino figura con una acusación de robo de auto con arma, y Carlos Tealdi enfrenta cargos por presunta explotación sexual de un menor.
Otros nombres en la nómina, como Ernesto Nuñez, Julián Francisco Rojas, Marcos de Moura, Mario Robles y Maximiliano García, no presentan cargos en los registros oficiales consultados. En tanto, Rodolfo Valor figura con una mención ambigua relacionada al “tránsito”, Pablo Ridolfo por supuestos delitos de orden público, Nicolás Ortiz por amenaza de agresión y Daniel Rodrigo Céspedes por presunto robo. En el caso de Sandra Márquez, no se especifica si enfrenta o no alguna acusación formal.
El vuelo, que partió del aeropuerto Dulles en Estados Unidos, tiene programado arribar a Ezeiza cerca de las 4:55 de la mañana del jueves, según los horarios oficiales informados por el Homeland Security. La operación es parte de una ola de deportaciones que, bajo la administración de Trump, ya superó las 160.000 personas, la mayoría de ellas hacia países latinoamericanos.
Este episodio pone de relieve la rigurosidad de la política migratoria estadounidense de los últimos años y el impacto directo sobre los migrantes argentinos, muchos de los cuales no enfrentan procesos penales graves. La falta de comunicación oficial por parte del gobierno argentino evidencia la sensibilidad del tema en el contexto de la relación bilateral y las posibles repercusiones internas.
A medida que los deportados lleguen al país, las autoridades migratorias locales deberán definir los pasos a seguir, aunque por el momento no se esperan medidas restrictivas adicionales para quienes no tengan antecedentes penales.
