En un contexto internacional marcado por fuertes denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto el foco en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El pronunciamiento de la ONU sobre la «detención arbitraria» de Gallo llega en un momento en que Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, ha decidido distanciarse de los principales órganos de derechos humanos a nivel global.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó recientemente un informe en el que repudia la detención de ciudadanos extranjeros en Venezuela, entre ellos tres argentinos, y subraya que estos arrestos se producen en un marco de represión política intensificada tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

De acuerdo al documento, presentado durante la 60º sesión del Consejo, la represión estatal en Venezuela se ha traducido en “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales”, incluyendo persecuciones por motivos políticos que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. El informe señala que los extranjeros detenidos, como Gallo, son frecuentemente utilizados como piezas de negociación diplomática, lo que agrava la situación de indefensión y vulneración de sus derechos básicos.

En el caso específico de Nahuel Gallo, el informe describe cómo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 por agentes de Contrainteligencia Militar venezolana al cruzar la frontera desde Colombia, en un viaje para visitar a su hijo. Recién 19 días después, la Fiscalía venezolana informó que Gallo había sido presentado ante la justicia bajo cargos de terrorismo, sin que su familia recibiera comunicación alguna sobre la audiencia. Posteriormente, el 2 de enero de 2025, el gobierno de Venezuela difundió imágenes de Gallo como “prueba de vida”, pero sin aclarar dónde ni cuándo habían sido tomadas. Esta acción se produjo tras denuncias de desaparición forzada presentadas tanto por los familiares del gendarme como por el gobierno argentino, que también elevó el caso a la Corte Penal Internacional.

El 6 de enero, Nicolás Maduro acusó públicamente a Gallo de formar parte de un supuesto complot para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y de actuar bajo órdenes del gobierno argentino, una versión rechazada por Buenos Aires. Hasta la fecha del informe, la familia de Gallo sigue sin información oficial sobre su paradero ni su estado de salud.

El caso se da en un marco de relaciones diplomáticas prácticamente inexistentes entre Argentina y Venezuela desde agosto de 2024, cuando el gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y retiró a los suyos de Buenos Aires. Las embajadas continúan cerradas, y únicamente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con apoyo de Estados Unidos, ha mantenido gestiones directas para exigir la liberación del efectivo argentino.

La publicación del informe de la ONU coincide con el reciente anuncio del gobierno de Milei de retirar la candidatura argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el período 2026-2028, un organismo en el que el país había tenido tradicionalmente un rol protagónico. Esta decisión ha sido criticada por expertos y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que Argentina perderá capacidad de incidencia y voto en futuras resoluciones clave, como la renovación del mandato de la misión que investiga los crímenes en Venezuela.

Mientras la administración de Milei reafirma su condena a las violaciones de derechos humanos en regímenes autoritarios de la región, la paradoja es que el distanciamiento de los organismos internacionales debilita la posición argentina al momento de defender a sus ciudadanos en el exterior y de influir en la agenda global de derechos humanos.