El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los derechos de exportación para cereales y oleaginosas a través del Decreto 682/2025, en una medida que estará vigente hasta el 31 de octubre o, en su defecto, hasta que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcancen los 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Esta decisión busca inyectar dólares al mercado en un año marcado por la escasez de divisas, presiones cambiarias y la proximidad de las elecciones presidenciales.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la oferta de dólares, luego de que el Banco Central interviniera la semana pasada con 1.100 millones de dólares para frenar una nueva escalada del tipo de cambio. Según analistas, la medida podría permitir una reducción del precio del dólar antes de los comicios de octubre, aunque no está claro si ello será suficiente para estabilizar las expectativas del mercado.

El economista Federico Machado advirtió que, si bien la eliminación de retenciones puede aliviar la presión cambiaria, representa un riesgo fiscal significativo. «Se resigna superávit fiscal para sostener un tipo de cambio fuera de equilibrio, mientras se mantienen recortes en áreas sensibles como jubilaciones, discapacidad y salud pública», señaló Machado, subrayando que la medida tiene un fuerte componente de «populismo cambiario».

La reacción del mercado financiero tuvo un matiz positivo, en parte por la expectativa de un próximo préstamo del Tesoro de Estados Unidos. El respaldo del titular del organismo estadounidense, Scott Bessent, a un financiamiento que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares —e incluir herramientas como swap de monedas, compra de pesos o bonos argentinos— fue bien recibido por los operadores, según adelantó el portal Ámbito.

En términos fiscales, la eliminación de retenciones implica un costo estimado en 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque para 2025 el impacto directo sería de 0,15% del PBI (unos 1.000 millones de dólares), considerando los plazos de liquidación del impuesto a las Ganancias. Según un informe del IAEF, parte de la pérdida de recaudación podría compensarse por el aumento de Ganancias, pero el costo neto seguiría representando casi la mitad del superávit fiscal previsto para 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la decisión e incluso la destacó como una respuesta inédita frente a la adversidad: «Este es el único Gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos». Sin embargo, la medida se suma a otras decisiones que presionan las cuentas públicas, como la promulgación de la ley de Emergencia en Discapacidad y los posibles aumentos en el financiamiento universitario y pediátrico.

El IAEF evaluó tres escenarios posibles de liquidación de stocks de maíz y soja, con un costo fiscal directo oscilando entre 0,23% y 0,28% del PBI, dependiendo del nivel de ventas al exterior. Si se considera la coparticipación y el impacto en Ganancias, el costo neto se reduce levemente, pero sigue siendo significativo.

La medida también podría influir en la inflación minorista. De acuerdo a Rocío Bisang, economista de EcoGo, el efecto directo sobre los precios sería «moderado», ya que el peso de las retenciones sobre productos como carne y harinas es acotado y la medida es transitoria. El impacto final dependerá del nivel de stocks disponibles y del comportamiento del tipo de cambio. «La estabilidad del dólar podría ayudar a contener la suba de precios, en un contexto de bajo consumo», analizó Bisang.

Camilo Tiscornia, de C&T Asociados, coincidió en que el principal efecto inflacionario se daría en productos cárnicos, y que el traspaso a los precios dependerá de la situación financiera general. «Con la actividad económica estancada, es más difícil que haya un traslado pleno a precios. Si el mercado se estabiliza, el impacto podría ser menor», señaló.

En síntesis, la eliminación temporal de las retenciones a cereales y oleaginosas es una jugada arriesgada que busca aliviar la presión cambiaria y ganar tiempo en la previa electoral, sacrificando parte del superávit fiscal y asumiendo el riesgo de un rebrote moderado de la inflación. El éxito de la medida dependerá tanto de la reacción de los exportadores como de la llegada de fondos externos y, fundamentalmente, de la confianza de los inversores en la política económica argentina.