Este lunes, una grave denuncia sacudió el ámbito judicial federal: los fiscales Sergio Mola (Federal Nº1) y Cecilia Incardona (Federal Nº2), ambos de Lomas de Zamora, quedaron en el centro de la polémica. Según la Fundación Apolo, los funcionarios habrían evitado investigar hechos de violencia registrados en cárceles federales entre 2023 y 2025, con especial énfasis en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

La denuncia sostiene que, en repetidas ocasiones, tanto Mola como Incardona negaron al Servicio Penitenciario Federal el rol de querellante en causas vinculadas a hechos violentos dentro de penales. Además, los fiscales habrían solicitado archivar sin justificación los expedientes abiertos a raíz de estos episodios, argumentando que se trataba de “meras protestas carcelarias”.

Sin embargo, varios jueces federales intervinientes rechazaron estos dictámenes. El juez Federico Villena, por ejemplo, calificó los fundamentos de los fiscales como “contrarios a derecho”, alegando que sus argumentaciones eran puramente formales y buscaban dotar de apariencia legal a conductas que, en principio, debían ser investigadas penalmente.

Violencia en los penales: los hechos pasados por alto

De acuerdo a la presentación de Apolo, los expedientes archivados involucraban hechos graves: amenazas a empleados penitenciarios y médicos, incendios en pabellones y celdas, así como la destrucción de mobiliario, estufas y cámaras de seguridad en las cárceles. Estos sucesos, según la denuncia, habrían sido sistemáticamente desestimados por los fiscales, quienes además excluyeron al Servicio Penitenciario Federal de actuar como parte afectada.

Las decisiones de archivo, luego invalidadas judicialmente, habrían causado “un perjuicio concreto al patrimonio público, debilitando la administración de justicia”, advierte Apolo. La fundación también remarcó que la falta de investigación envió “un mensaje de impunidad” a los internos involucrados y sentó un precedente peligroso de ataques deliberados contra la infraestructura y el orden institucional en las cárceles federales.

Acusaciones penales y pedido de remoción

El escrito acusa a Mola e Incardona de los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público. El prevaricato, según el Código Penal, sanciona a funcionarios judiciales que perjudiquen intencionalmente la causa a su cargo, con multas que pueden alcanzar los 30.000 pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a seis años.

Por su parte, la violación de deberes de funcionario público se aplica a quienes dictan resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o simplemente no cumplen con las normativas vigentes. Este delito prevé prisión de uno a dos años e inhabilitación especial.

Apolo, entidad que promueve la lucha contra la corrupción y que cuenta entre sus referentes a José Magioncalda y el legislador porteño Yamil Santoro, solicitó además al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal que se considere la remoción de los fiscales, dada la gravedad de los hechos denunciados.

El caso ha puesto en el centro del debate el rol de los fiscales en la investigación de delitos cometidos dentro del sistema carcelario y la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, tanto para proteger los derechos de los internos como para resguardar la integridad de quienes trabajan en el ámbito penitenciario.