Estados Unidos enfrenta horas decisivas ante la inminente posibilidad de un cierre parcial de su gobierno federal. Mientras el reloj avanza hacia la medianoche de este martes, la administración de Donald Trump y el Congreso luchan contra el tiempo para alcanzar un acuerdo presupuestario que evite la paralización de servicios y el cese temporal de funciones de cientos de miles de empleados públicos.
La falta de consenso en el Congreso, que se arrastra desde hace semanas, ha agudizado las acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas. John Thune, líder de la bancada republicana en el Senado, responsabilizó públicamente a la oposición por el riesgo de un shutdown. Según Thune, la Cámara de Representantes ya aprobó una prórroga de siete semanas en el financiamiento gubernamental, y el Senado debería ratificarla sin demoras para garantizar el funcionamiento del Estado.
Por el contrario, el senador demócrata Chuck Schumer puso el foco en el oficialismo. Sostuvo que la negativa a negociar por parte de los republicanos pone en peligro los servicios públicos y recalcó que su partido no respaldará extensiones presupuestarias sin condiciones, especialmente en temas como la asistencia en salud, una de las principales demandas de la ciudadanía.
El escenario se vuelve más complejo considerando que el nuevo año fiscal inicia el 1 de octubre. Con apenas dos días para lograr un acuerdo, los analistas estiman que la probabilidad de un cierre temporal ronda el 60%. Aunque en ocasiones anteriores, como en 2023, se alcanzaron acuerdos a último momento, la incertidumbre domina el clima político y económico.
Ante la urgencia, Donald Trump convocó a los principales líderes de ambas bancadas a la Casa Blanca en un intento final por destrabar las negociaciones. Junto a Thune y Schumer, estarán presentes Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y Hakeem Jeffries, líder demócrata en Diputados. La reunión cobra un matiz especial, ya que la semana pasada Trump había cancelado un encuentro con Schumer y Jeffries, desestimando sus pedidos y tras conversar con aliados que le recomendaron no avanzar con la oposición. Sin embargo, la gravedad de la situación obligó a todos los actores políticos a retomar el diálogo.
El mecanismo del cierre gubernamental, conocido como shutdown, implica la suspensión de todos los gastos discrecionales y el cese de actividades de oficinas o agencias estatales que carecen de fondos. En términos prácticos, alrededor de 900.000 empleados federales podrían ser enviados a sus casas sin goce de sueldo, hasta tanto se restablezca el financiamiento. Además, la publicación de estadísticas económicas clave quedaría interrumpida, generando volatilidad e incertidumbre en los mercados.
Aunque el pago de intereses de la deuda y los beneficios de la seguridad social no estarían afectados, el impacto sobre el déficit fiscal sería marginal. Sin embargo, desde Portfolio Personal Inversores advierten que esta vez la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto anticiparon un enfoque más estricto, con recortes de personal en programas que no cuenten con fondos o que no sean prioritarios para la actual administración. Cabe recordar que Donald Trump ya afrontó un shutdown en su primer mandato, en diciembre de 2018, que se extendió por 35 días, marcando un récord histórico.
En lo económico, los especialistas de Eco Go estiman que cada semana de cierre podría restar 0,1 puntos porcentuales al PBI. Aunque Felipe Barragán, analista de Pepperstone, sostiene que el efecto suele ser limitado y reversible si la situación se normaliza pronto, no descarta un aumento temporal en la tasa de desempleo. Aun así, la mayoría de los despidos serían catalogados como temporales, minimizando el impacto en otros indicadores laborales.
Un aspecto crítico es la suspensión de la difusión de datos oficiales: informes sobre inflación, empleo, ventas minoristas y construcción de viviendas quedarían en pausa, dificultando la tarea de la Reserva Federal para monitorear la marcha de la economía. Si el shutdown se prolonga, la falta de información podría condicionar las decisiones de política monetaria en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto prevista para fines de octubre.
Con el plazo por expirar, la mirada del país está puesta en la reunión convocada por Trump. El desenlace determinará no solo el rumbo de la administración, sino también el pulso económico de los próximos meses en la principal potencia mundial.
