En un hecho sorpresivo para los mercados, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó este martes que el Tesoro Nacional participará activamente en el mercado libre de cambios, buscando asegurar su liquidez y funcionamiento normal. Esta decisión, que sigue a una intervención anterior desconocida por el público la semana pasada, marca un cambio de rumbo respecto a lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que imponía límites estrictos a la venta de dólares oficiales.

El trasfondo de esta movida es claro: el Gobierno quiere frenar la suba del dólar en la antesala de las elecciones de octubre, en un contexto de volatilidad financiera e incertidumbre creciente. El lunes, la cotización del dólar tocó los $1.385, acercándose al techo de la banda cambiaria establecida en $1.467, el valor nominal más alto hasta el momento.

Un acuerdo con el FMI bajo presión

Desde el inicio del acuerdo con el organismo internacional, respaldado por un crédito de 20.000 millones de dólares, la Argentina se comprometió a intervenir en el mercado cambiario solo en circunstancias excepcionales, es decir, cuando el dólar superara la banda superior, que se ajusta diariamente. Esta política buscaba proteger las reservas internacionales y evitar distorsiones en la oferta y la demanda de divisas.

No obstante, la reciente escalada del tipo de cambio empujó al Gobierno a buscar nuevas herramientas para contener la inflación. El FMI dio luz verde a la intervención, pero bajo una condición clave: solo pueden usarse recursos provenientes del superávit fiscal, sin afectar las reservas netas del Banco Central ni aumentar el endeudamiento público.

Federico Furiase, director del Banco Central, confirmó que el Fondo Monetario aprobó esta estrategia, siempre que se financie con excesos presupuestarios. De esta manera, se evita la emisión de moneda o la toma de nuevos préstamos, factores que podrían poner en jaque el delicado equilibrio fiscal.

¿Alcanza el «poder de fuego» del Tesoro?

Las cifras presentadas por el Gobierno muestran un superávit fiscal primario de 1,74 billones de pesos en julio, con un incremento del 41% interanual. Sin embargo, al incluir los intereses de la deuda capitalizados, el déficit financiero es mucho mayor, y se estima que solo en julio los intereses capitalizables sumaron 19 billones de pesos, multiplicando varias veces el pago mensual de jubilaciones.

Esta realidad pone en duda la capacidad del Tesoro para sostener intervenciones cambiarias prolongadas sin poner en riesgo la salud de las cuentas públicas. Además, la exigencia del FMI de utilizar únicamente fondos provenientes del superávit limita la flexibilidad del Estado ante eventuales shocks en el mercado cambiario.

En el plano financiero, los efectos no tardaron en sentirse: los bonos soberanos sufrieron caídas de hasta 3%, y el riesgo país se disparó cerca de los 950 puntos básicos, reflejando la preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de estas intervenciones y el futuro del acuerdo con el FMI.

El Gobierno insiste en las bandas cambiarias

Pese a la intervención, las autoridades económicas insisten en que el régimen de bandas cambiarias sigue en pie. Según Furiase, las ventas de dólares por parte del Tesoro son acciones puntuales y de corto plazo, destinadas a calmar la incertidumbre electoral, y no implican un cambio en el sistema de flotación.

El funcionario fue enfático: estas operaciones no afectan las reservas del Banco Central ni recurren a fondos del FMI, sino que buscan aportar liquidez y reducir el impacto político en los mercados. No obstante, informes privados, como el de la consultora 1816, detectaron ventas de aproximadamente 300 millones de dólares en las últimas dos semanas, inicialmente justificadas como asistencia a provincias con vencimientos de deuda.

Este martes, el Tesoro volvió a intervenir, logrando una baja momentánea en el precio del dólar. Sin embargo, persisten las dudas sobre la capacidad de sostener este esquema en el tiempo sin poner en aprietos las arcas fiscales. Mientras tanto, el debate sobre la verdadera naturaleza y alcance de la intervención sigue abierto entre analistas e inversores.