En un contundente acto administrativo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó un decreto que oficializa la expulsión de Cecilia Torres Otarola de la administración pública provincial. La exministra de Familia y Desarrollo Social fue separada de su cargo luego de que la Justicia la encontrara culpable de delitos vinculados a la corrupción en el marco de la causa denominada “Ñoquis Calientes”.

La decisión fue anunciada por el propio mandatario, quien consideró que la medida no solo responde a un acto de justicia, sino que también representa una deuda pendiente con los ciudadanos de la provincia. “No vamos a permitir que ninguna persona condenada por corrupción siga siendo parte del Estado”, enfatizó Torres, reivindicando la reciente Ley de Ficha Limpia sancionada por la Legislatura chubutense.

El decreto, que también fue rubricado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, refiere a la salida de Torres Otarola conforme a lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Salud y la Ley provincial I N° 74, a partir de lo concluido en un sumario administrativo. El documento subraya que la exfuncionaria fue condenada a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de ser hallada responsable de defraudación a la administración pública y de exacciones ilegales.

La investigación judicial, que llevó adelante la denominada causa “Ñoquis Calientes”, puso de manifiesto un esquema que históricamente ha suscitado sospechas pero rara vez logra ser probado judicialmente: la contratación por parte del Estado de empleados que no cumplen tareas reales y perciben salarios sin trabajar. El caso también reveló que algunos empleados se veían obligados a devolver parte de sus sueldos a la funcionaria, una maniobra conocida como “retorno”.

Torres Otarola, que previamente había ocupado una banca legislativa antes de ser designada ministra por el exgobernador Mariano Arcioni, fue investigada por la contratación de personas que realizaban tareas ajenas a la administración provincial y cobraban del erario público. El fallo, firmado por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri, abarca un detallado análisis de ocho hechos ocurridos entre 2015 y 2020, periodo en el cual la denuncia en su contra la obligó a dejar el Ministerio tras solo un año de gestión.

La sentencia, que consta de 123 páginas, considera probadas tanto la contratación irregular de personal como la exigencia de devoluciones de salario a algunos empleados. Por estas razones, la Justicia determinó que Torres Otarola deberá enfrentar una pena de prisión en suspenso, la prohibición permanente de desempeñar funciones públicas y el pago de las costas judiciales. En junio, la Cámara Penal de Trelew confirmó la condena pero redujo el tiempo de prisión en suspenso a dos años y ocho meses.

El Ejecutivo provincial sostuvo que la permanencia de una persona condenada por corrupción en la administración “daña gravemente la imagen del Estado y del sistema de salud pública en particular”. Además, remarcó que la idoneidad técnica y moral son requisitos esenciales e ineludibles para el ejercicio de la función pública.

Con esta decisión, el gobierno de Nacho Torres busca dejar en claro que los funcionarios condenados por corrupción no tendrán lugar en la gestión provincial, alineándose con una demanda social extendida y con la reciente normativa de Ficha Limpia, que impide a quienes tienen antecedentes penales por delitos contra la administración pública ejercer cargos estatales.