A menos de dos semanas de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, la escena política argentina se vio sacudida por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. La filtración, que emerge en el contexto de un escándalo por presuntas coimas en el área de discapacidad, provocó una rápida reacción en el oficialismo, que denunció una «operación» mediática para perjudicar al Gobierno justo antes de la crucial cita electoral del 7 de septiembre.
El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, fue uno de los primeros en expresar públicamente la postura del Ejecutivo. A través de la red social X, Lanari sugirió que la publicación de los audios forma parte de una estrategia de la oposición para «ensuciar» al gobierno de La Libertad Avanza (LLA). «Operan, mienten, difaman, ensucian y embarran la cancha. Es lo único que saben hacer. Están desesperados porque saben que la gente les picó el boleto. No pasarán», escribió el funcionario, mensaje que rápidamente fue replicado por el propio presidente Javier Milei, mostrando el respaldo a su hermana y a la línea oficial.
En la misma sintonía, Agustín Romo, presidente del bloque de diputados bonaerenses de LLA, reforzó la idea de una campaña orquestada en contra del oficialismo. Romo consideró que el escándalo de los audios busca «ensuciar al Gobierno a menos de dos semanas de las elecciones» y restó importancia al contenido filtrado, describiéndolo como «un audio donde pide que estemos todos juntos y que trabaja 28 horas por día». Su mensaje en redes sociales fue contundente: «No pasarán. Les vamos a romper el orto».
La diputada nacional Juliana Santillán, también de LLA, apeló a la conocida «regla de los 15 días preelectorales» para explicar la aparición de este tipo de denuncias y filtraciones. Según Santillán, en la previa de los comicios «operar para generar opinión pública en contra de la tendencia ganadora» es una táctica habitual de la oposición. En su análisis, el kirchnerismo estaría detrás de estas maniobras, motivado por el «terror a su desaparición» y la necesidad de sostenerse políticamente.
El clima electoral no solo está marcado por este cruce de acusaciones. En la provincia de Corrientes, este domingo 31 de agosto se celebrarán elecciones para gobernador, vicegobernador, cinco senadores provinciales y 18 diputados provinciales, además de la renovación de autoridades municipales en 73 localidades. El actual mandatario, Gustavo Valdés, radical, culmina su segundo mandato y no puede ser reelecto. La Justicia Electoral informó que se habilitarán 2.808 mesas en todo el distrito.
Sin embargo, en Corrientes, la campaña también se vio atravesada por polémicas. A pesar de la conmoción social que causó la desaparición del niño Loan Danilo Peña hace más de un año, y el proceso judicial que todavía busca esclarecer los hechos con siete personas detenidas, el tema tuvo escasa incidencia en los discursos de los principales candidatos. La familia del menor rechazó el uso político del caso, y desde los equipos de campaña reconocen que el impacto electoral fue menor al esperado.
Por otro lado, la campaña sumó un cruce entre dirigentes tras unas declaraciones del candidato a diputado por LLA, José Luis Espert, quien calificó a los empresarios textiles como «empresaurios impresentables». Daniel Lipovetzky, exlegislador del PRO, respondió con ironía en redes sociales, apodando a Espert «peladosaurio» y defendiendo el papel de las pymes industriales en la generación de empleo, al tiempo que reclamó una reducción de impuestos y cargas sociales para incentivar la producción nacional.
En este escenario, con acusaciones cruzadas, denuncias de operaciones mediáticas y disputas discursivas, la recta final hacia las elecciones bonaerenses y los comicios en Corrientes se presenta cargada de controversia y alta tensión política. El desenlace, previsto para el 7 de septiembre en Buenos Aires y para este domingo en Corrientes, será clave para definir el nuevo mapa político y el futuro inmediato del oficialismo y la oposición en la Argentina.
