El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la disputa por los aranceles a las importaciones al máximo nivel judicial. Tras un fallo en contra de un tribunal federal, el mandatario solicitó a la Corte Suprema que se pronuncie con urgencia sobre su potestad para imponer gravámenes a productos extranjeros, una decisión que podría tener consecuencias millonarias y modificar la política comercial del país.
La controversia se remonta a abril, cuando una corte de apelaciones determinó que el presidente no tiene la facultad de establecer unilateralmente aranceles masivos invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Esta norma permite acciones presidenciales ante emergencias nacionales, pero no menciona de manera directa la capacidad de fijar impuestos o recargos sobre las importaciones.
La Casa Blanca argumenta que es indispensable mantener la capacidad de aplicar aranceles para proteger los intereses económicos de Estados Unidos. El procurador general, D. John Sauer, advirtió que, de no revertirse el fallo, el país quedaría «desarmado de manera unilateral y expuesto a represalias comerciales» por parte de otras naciones. Incluso los propios demandantes reconocieron que la instancia máxima del Poder Judicial debe intervenir con celeridad, lo que llevó a que la Corte Suprema tenga previsto abordar el caso en noviembre.
Un fallo que puede cambiar el comercio global
El resultado de este litigio no solo afecta la economía estadounidense, sino que también podría influir en el comercio internacional. De acuerdo con Chris Kennedy, analista de Bloomberg Economics, si la Corte Suprema ratifica el fallo en contra de Trump, la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos —actualmente en torno al 16,3%, el nivel más alto en más de cien años— podría reducirse al menos a la mitad. Además, el país podría verse obligado a reembolsar decenas de miles de millones de dólares en aranceles cobrados y perdería fuerza en negociaciones comerciales con sus principales socios.
Entre las medidas cuestionadas figuran los llamados aranceles del «Día de la Liberación», implementados el 2 de abril por Trump, que impusieron recargos de entre el 10% y el 50% sobre la mayoría de las importaciones, dependiendo de su origen. Se trata del mayor aumento arancelario desde la aprobación de la ley Smoot-Hawley en 1930, que también tuvo un profundo impacto en la economía global de la época.
Un debate sobre los límites del poder presidencial
La disputa judicial enfrenta a Trump no solo con estados gobernados por demócratas y pequeñas empresas afectadas, sino que pone en juego la interpretación de la Constitución de Estados Unidos. La Carta Magna reserva al Congreso la atribución de establecer impuestos y aranceles; sin embargo, el Poder Ejecutivo ha buscado ampliar su margen de acción en materia de comercio y seguridad económica.
El fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance de la autoridad presidencial. Si el máximo tribunal apoya a Trump, la Casa Blanca conservaría una herramienta clave para negociar y responder ante desafíos económicos internacionales. En cambio, una decisión adversa limitaría seriamente la capacidad del presidente de actuar en materia arancelaria y podría debilitar la posición de Estados Unidos ante posibles represalias de otros países.
En el trasfondo, la disputa también reaviva las diferencias entre la administración Trump y el gobierno de China, ya que la Casa Blanca acusó a Pekín de conspiración en el terreno comercial. Así, el futuro de la política de aranceles de Estados Unidos y la forma en que se gestiona su economía global depende ahora de la interpretación final que haga la Corte Suprema sobre los alcances del poder presidencial.
