El Ministerio de Economía implementó un recorte presupuestario de cerca de $500.000 millones, una medida publicada este jueves en el Boletín Oficial y que impacta especialmente en áreas sensibles como la educación y las políticas sociales. La decisión, oficializada mediante la resolución administrativa 23/25, responde a una estrategia de control del gasto primario acorde a la política fiscal del actual gobierno.
La iniciativa contempla un aumento en las estimaciones de recursos por $261.613 millones, pero, de forma paralela, una reducción por $493.531 millones en distintas partidas. El resultado neto, según el informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), es un saldo financiero positivo de $754.744 millones. Esta maniobra permitió que el superávit presupuestario pase de $5,9 billones a $6,6 billones, lo que representa el 5% del total de recursos previstos.
Fuerte recorte en Educación y programas sociales
Un análisis detallado muestra que los mayores ajustes recaen en el Ministerio de Capital Humano y en el de Economía, con reducciones conjuntas que superan los $360.000 millones. En el caso de Capital Humano, la poda alcanza los $207.540 millones, siendo la Secretaría de Educación la más afectada: resignó $120.033 millones, afectando la gestión y asignación de becas a estudiantes (-$44.270 millones), el desarrollo de la educación superior (-$40.000 millones) y los fondos para infraestructura educativa (-$12.451 millones).
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia perdió $67.910 millones, con recortes en programas de inclusión social (-$55.316 millones) y acciones territoriales (-$3.911 millones). También se ajustaron fondos para la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (-$19.480 millones), la Biblioteca Nacional (-$234 millones) y la Administración Central (-$120 millones).
Impacto en infraestructura y programas económicos
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, redujo su presupuesto en $154.456 millones. El área de Infraestructura Económica y Social sufrió la mayor baja, con $224.133 millones menos. A nivel de la Administración Central, el ajuste fue de $112.801 millones, principalmente en el programa de formulación y ejecución de políticas de hidrocarburos, que vio caer las transferencias a empresas privadas en $93.280 millones y los giros a provincias en casi $20.000 millones.
Sin embargo, no todo fue recorte. Algunas dependencias recibieron fondos adicionales. La Dirección Nacional de Vialidad sumó $191.003 millones para obras en autopistas, mantenimiento y repavimentación de rutas. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió $8.246 millones extra. Por otro lado, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo experimentó un ajuste de $17.381 millones.
Detalles del ajuste presupuestario
El informe de ASAP detalla que los gastos corrientes se redujeron en $270.854 millones y los de capital en $222.677 millones. El mayor descenso en los gastos corrientes corresponde a las transferencias (-$327.563 millones) y al gasto en personal (-$67.523 millones). En contrapartida, los servicios no personales (+$56.236 millones), los bienes de consumo (+$46.487 millones) y los servicios de deuda (+$21.509 millones) aumentaron.
En los gastos de capital, también predominaron las transferencias a la baja (-$305.193 millones), mientras que crecieron los fondos para bienes de uso (+$57.072 millones), servicios no personales (+$17.345 millones), bienes de consumo (+$7.464 millones) y activos financieros (+$635 millones).
Presupuesto prorrogado y perspectivas para 2026
El Gobierno sigue operando con el presupuesto de 2023, prorrogado tanto para 2024 como para 2025. El gasto previsto ronda los $126 billones, con ingresos estimados en $131,8 billones. Hasta el 9 de septiembre, el nivel de ejecución del gasto llega al 62%, mientras que los ingresos alcanzan el 71% de lo proyectado, lo que podría obligar a nuevas actualizaciones de partidas antes de fin de año.
De cara al futuro, el presidente Javier Milei planea presentar próximamente los lineamientos del presupuesto 2026, en el marco de la meta de superávit del 1,6% del PBI acordada con el FMI. El informe de avance remitido al Congreso proyecta una inflación del 22,7% para 2025 y un aumento del tipo de cambio nominal del 20,4%, con una caída en el tipo de cambio real bilateral con el dólar del 8,6% en promedio anual.
