El juez federal Santiago Inchausti tomó una decisión clave en una de las ramificaciones de la megacausa Cuadernos: procesó a directivos y miembros de los grupos económicos Jonestur y Transcambio, con sede en Mar del Plata, por encabezar una estructura dedicada al lavado profesional de activos provenientes de la corrupción política, el narcotráfico y la trata de personas. La resolución, de 243 páginas, detalla cómo estas dos financieras canalizaron fondos ilícitos a través de complejas maniobras internacionales.
De acuerdo a la investigación, impulsada por la fiscal Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), las operaciones se extendieron desde Mar del Plata y Buenos Aires hasta Andorra, Panamá y Estados Unidos. El dinero era recibido en efectivo y luego transferido a cuentas de sociedades panameñas en la Banca Privada de Andorra. Posteriormente, los fondos eran redirigidos a nuevas cuentas, en ocasiones abiertas solo para facilitar estas transferencias, y finalmente enviados a Estados Unidos, donde se invertían en bienes como departamentos de lujo en Miami.
Uno de los casos más emblemáticos involucra al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en 2020, quien habría logrado ocultar millones de dólares mediante el esquema de Jonestur, con la participación de su viuda Carolina Pochetti y su testaferro Sergio Todisco. La justicia comprobó que el dinero ingresaba a las oficinas de la financiera en Mar del Plata, pasaba a Andorra y, desde allí, era transferido a cuentas en Estados Unidos cuyo beneficiario final era el propio Todisco. Así, se cumplieron todas las etapas típicas del lavado de activos, desde la recepción de fondos ilícitos hasta su conversión en inversiones legales en el exterior.
Los montos involucrados son enormes: el juez dispuso embargos que suman $50.000 millones para los principales acusados, y entre $5 y $20 millones para quienes tuvieron roles secundarios. Inchausti precisó que estos grupos operaban de manera continua y organizada, y que sus acciones eran independientes de quienes originalmente generaron los fondos ilegales.
La nómina de procesados por Jonestur incluye a sus jefes y organizadores Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro, así como a varios miembros y partícipes en diferentes grados. Por Transcambio, el proceso alcanza a Sergio Fares, excandidato a intendente por el Frente para la Victoria en 2007, y a integrantes de la familia Vattuone. La investigación también involucra a Hernán Julio Vela, Marcelo Cardellino, Gustavo Dip Ventureyra, Jorge Grouman, Gonzalo Acquila Rowlands, Gerardo Irigoin, Agustin Cersósimo, Tomás Huanco, Jorge Tuduri y Ana María De Rosa, entre otros, por delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. Asimismo, Rolando Gabriel Todaro fue señalado como nexo entre las dos financieras y el comisario retirado Gerardo Julio Gómez por encubrimiento agravado.
El juez remarcó que, si bien la magnitud del caso es considerable y la denuncia original data de 2014, decidió que los procesados no queden detenidos. Fundó su decisión en que los imputados han demostrado apego al proceso judicial y no existen indicios de que intenten entorpecer la investigación ni fugarse, dado que ya se han tomado las medidas cautelares más urgentes.
De esta manera, la causa expone una vez más la compleja trama de sociedades, fideicomisos y transferencias internacionales que permitieron a sectores de la corrupción y el crimen organizado argentino canalizar y blanquear fondos fuera del país, en una operatoria que, según la justicia, funcionó durante años con una estructura profesional y organizada.
