El gobierno argentino ha implementado una significativa reestructuración en la supervisión del transporte público a través del Decreto 584/2025, que se publicó recientemente en el Boletín Oficial. Este decreto marca la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este nuevo organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía, busca optimizar la gestión y control de las concesiones de transporte en el país.
La Agencia, ahora descentralizada y bajo la Secretaría de Transporte, asumirá responsabilidades amplias que incluyen la representación legal e institucional, la dirección general, y la gestión económica y financiera. Además, tendrá la capacidad de establecer su reglamento interno, proponer su estructura organizativa, y administrar sus recursos humanos. Parte de sus funciones también será la aceptación de herencias, legados, y donaciones, así como la firma de contratos y convenios con entidades tanto nacionales como internacionales.
Un aspecto central de esta reorganización es el nombramiento de un Director Ejecutivo, quien tendrá la máxima autoridad dentro de la Agencia. Este director, designado por Caputo, deberá dedicarse exclusivamente a sus funciones y estará sujeto a un régimen de incompatibilidades. Durante su gestión y hasta dos años después de su cese, no podrá poseer acciones ni mantener vínculos profesionales con empresas de transporte, asegurando así una gestión transparente y sin conflictos de interés.
El anuncio de esta reestructuración fue parte de las reformas presentadas en julio por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, en el contexto de las facultades delegadas para la reestructuración estatal. Este movimiento no solo busca mejorar la eficiencia del sector transporte, sino que también pone de relieve la intención del gobierno de fortalecer la supervisión y regulación en un área clave para el desarrollo metropolitano.
Paralelamente, mientras se ultiman los detalles de la nueva ley de presupuesto, el gobierno mantiene un enfoque específico en el transporte metropolitano, destacando su importancia en el esquema económico y social del país.