El Gobierno encabezado por Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar de raíz la manera en que se autorizan los gastos públicos en Argentina. El texto, denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, fue enviado como complemento al Presupuesto y apunta a reforzar el equilibrio fiscal, estableciendo sanciones penales para los funcionarios y legisladores que avalen incrementos en el gasto sin contar con los recursos correspondientes.

La iniciativa, anunciada por el propio presidente a principios del mes pasado en cadena nacional, fue presentada como una herramienta para consolidar el objetivo de «déficit cero» y proteger la política monetaria del Gobierno. Desde la Casa Rosada justifican la medida argumentando la urgencia de «un marco jurídico-institucional de carácter permanente» que asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Según los fundamentos del proyecto, Milei subraya que el gasto público desbordado y la emisión sin respaldo han sido responsables de la inflación crónica, la pérdida de valor del peso y las recurrentes crisis económicas del país. Por ello, el texto legal establece que el Presupuesto General de la Nación deberá presentar siempre un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente cualquier tipo de déficit financiero.

El punto más controvertido del proyecto reside en el establecimiento de sanciones penales para cualquier funcionario público que «dicte, apruebe, autorice o ejecute» actos administrativos que impliquen un aumento del gasto más allá de lo contemplado en el Presupuesto y sin tener los fondos debidamente acreditados. Las penas previstas se agravan en caso de probarse que se actuó por un interés de enriquecimiento personal o para beneficiar a terceros, llegando incluso a equiparar estas conductas con delitos de lesa humanidad.

Esta propuesta llega después de que el oficialismo sufriera un revés en el Congreso, donde fueron rechazados varios decretos del Ejecutivo que pretendían reformar y eliminar organismos, en el marco de las facultades delegadas por la Ley Bases. En esa misma sesión, la oposición logró aprobar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan. Además, avanzaron iniciativas como el aumento de jubilaciones, la reimposición de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, todas medidas resistidas por el Gobierno por considerar que ponen en peligro el equilibrio fiscal.

El proyecto de Milei ya despierta una fuerte controversia en el ámbito legislativo. Desde la oposición, la diputada radical Karina Banfi criticó la medida y anticipó su voto en contra, señalando que «el debate es clave para lograr aciertos en el plan económico» y lamentando que el presidente no lo comprenda. Por su parte, Ramiro Gutiérrez, legislador de Unión por la Patria, sostuvo que autorizar gastos sin respaldo presupuestario previo no viola la Constitución ni las leyes derivadas de ella. Gutiérrez calificó la iniciativa como «una desnaturalización burda del derecho penal con fines políticos, intimidatorios y extorsivos por parte de una administración acostumbrada a gobernar por Decreto, sin presupuesto y abusando del poder».

Con la actual composición del Congreso, el oficialismo no contaría con las mayorías necesarias para aprobar la ley, lo que augura un debate intenso en las próximas semanas. Mientras tanto, la pulseada entre el Poder Ejecutivo y la oposición sigue escalando, con el equilibrio fiscal como eje central de la disputa y el futuro de la disciplina presupuestaria argentina en juego.