El ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para una semana decisiva en la gestión de la deuda pública. El viernes 29 deberá afrontar vencimientos por $13,8 billones, en un contexto de fuerte volatilidad en las tasas de interés y creciente incertidumbre política tras recientes reveses en el Congreso y denuncias de corrupción.

De los $13,8 billones que se vencen, un 34% corresponde a tenencias del Banco Central (BCRA), lo que significa que la cifra real a cubrir por el Ministerio de Economía sería de alrededor de $9,1 billones, ya que $4,8 billones se renuevan automáticamente por estar en manos del BCRA. Sin embargo, esto no reduce la presión sobre el equipo económico, que deberá convencer al sector privado de renovar sus posiciones en un clima de escasa confianza y demanda de liquidez.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Pablo Quirno, anunciará este lunes el menú de bonos que saldrán a licitación el miércoles siguiente. El principal desafío será ajustar la oferta a un mercado donde los bancos muestran baja disposición a renovar y prefieren mantener liquidez en vez de bonos del Tesoro. Esta dinámica ya se observó en la primera licitación de agosto, donde solo se logró renovar el 61% de los vencimientos, dejando liberados $5,8 billones.

Para absorber esos pesos, el Ministerio de Economía debió lanzar una licitación adicional ofreciendo bonos TAMAR a noviembre, mientras que el BCRA endureció los requisitos de encaje para evitar que los pesos quedaran sin destino. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este tipo de maniobras contribuye a la volatilidad de las tasas de interés: cuando el BCRA sube los encajes o el Tesoro absorbe pesos mediante licitaciones, las tasas se disparan; si el dinero circula libremente, las tasas caen abruptamente.

En la última licitación del 13 de agosto, el BCRA incrementó los encajes en un monto superior al dinero liberado por la falta de renovación de la deuda, lo que restringió el circulante en $0,5 billones. Por su parte, los títulos más demandados fueron los BONCAP y LECAP de corto plazo, que ofrecieron tasas de hasta un 69,2% anual. Los bonos TAMAR, ajustados por inflación mayorista y utilizables para encajes, también mostraron demanda, aunque debieron pagar un sobreprecio de 6 puntos por encima de la inflación.

Mariano Sardans, de FDI, señala que el contexto institucional marcará el próximo llamado a licitación. Destaca que el «ruido político» obstaculiza la estrategia oficial, pero asegura que el Gobierno está decidido a utilizar todos los recursos disponibles para sostener la absorción de pesos y controlar la situación.

No obstante, la consultora Outlier expresa dudas sobre la capacidad política del Gobierno para sostener su programa económico. El informe señala que, pese a la narrativa oficial que atribuye la volatilidad a la campaña electoral, las propias internas y la pérdida de mayorías en el Congreso han debilitado la posición del Ejecutivo, dificultando la aprobación de proyectos clave y la gestión de vetos y decretos de necesidad y urgencia.

El calendario de vencimientos no da respiro: después del pago del viernes 29, se avecinan otros importantes desafíos en septiembre y octubre. El 12 de septiembre vence la S12S5, por $10,7 billones de valor nominal, y a fin de mes la S30S9, por $4 billones. En total, el noveno mes del año implica vencimientos por $23,5 billones, de los cuales alrededor del 61,5% está en manos del BCRA. En octubre, los compromisos suman $18,36 billones, con una proporción similar en poder del Banco Central.

En este escenario, el Gobierno continúa con su estrategia de «aspirar pesos» del mercado para mantener el control monetario y evitar una mayor presión sobre las tasas y la inflación. Sin embargo, la efectividad de las herramientas dependerá no solo de la ingeniería financiera, sino también de la capacidad política para gestionar alianzas y responder a un clima institucional cada vez más desafiante.