La Cámara Federal de Casación Penal respaldó este miércoles todos los procedimientos realizados en la investigación sobre la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Entre los imputados se encuentra Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y actual candidato a diputado nacional por Unión por la Patria.
El tribunal, compuesto por los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano H. Borinsky, desestimó el recurso presentado por la defensa de Grabois, que buscaba revertir la confirmación judicial del rechazo de nulidad tanto de su detención como de las acciones llevadas a cabo en la causa. De este modo, la resolución permite que la investigación prosiga su curso.
La semana pasada, la Cámara Federal porteña había rechazado el pedido de nulidad sobre la causa en la que se investiga al dirigente por usurpación, daños agravados y lesiones a efectivos policiales. Además, avaló la decisión del juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Rívolo de autorizar la revisión del teléfono celular de Grabois, con el objetivo de esclarecer si la ocupación del edificio fue planificada y cuál fue su rol en los hechos, también en su calidad de abogado.
El episodio que originó la causa tuvo lugar el pasado 7 de junio, cuando un grupo de manifestantes ingresó sin autorización al histórico edificio del instituto, ubicado junto a la Biblioteca Nacional, en la calle Austria al 2500. La policía llegó al lugar tras recibir la alerta de la ocupación. Allí, se identificó a Grabois como líder del grupo, quien fue detenido en el acto por la Policía Federal.
El operativo policial estuvo marcado por escenas de forcejeo y gritos. Según relatos del momento, Grabois se envolvió en la bandera argentina y exclamó: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, en alusión al actual presidente. Los incidentes se difundieron rápidamente a través de videos y medios nacionales, generando un fuerte impacto político y mediático.
La toma del Instituto Perón fue el primer episodio de una serie de acciones de alto perfil protagonizadas por sectores ligados al kirchnerismo en un contexto de fuerte debate político, especialmente tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad. Posteriormente, se registraron ataques a la sede del canal de noticias TN y a la vivienda del diputado José Luis Espert.
En agosto pasado, la sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ya había rechazado dos apelaciones presentadas por Grabois en relación con la ocupación del instituto, según confirmaron fuentes judiciales.
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón, cuya disolución fue dispuesta por el decreto 346/2025, funcionaba como un espacio dedicado a investigaciones históricas y políticas. El caso sigue sumando capítulos judiciales mientras se analiza la responsabilidad de Grabois y de los demás involucrados en los delitos imputados y se profundiza la investigación sobre la posible organización de la toma.
La ratificación de la Cámara Federal de Casación Penal no solo habilita la continuidad de la causa, sino que también refuerza el mensaje de la Justicia respecto al tratamiento de hechos similares, en un contexto político especialmente sensible.
