La Cámara Civil y Comercial Federal puso punto final a la millonaria demanda civil que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había iniciado contra Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por supuestos perjuicios al Estado en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El fallo, emitido por la Sala III, confirmó que el caso prescribió por falta de impulso procesal del organismo estatal.

La causa civil, promovida en enero de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, pretendía recuperar 22.300 millones de pesos en concepto de resarcimiento por los daños ocasionados al patrimonio público. Esta demanda fue presentada en paralelo al proceso penal que resultó en la condena de la exmandataria y otros involucrados, y estaba focalizada en las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez.

Los abogados de Fernández de Kirchner argumentaron que la DNV dejó pasar más de seis meses sin mover el expediente, lo que habilitó el pedido de caducidad. El juez Marcelo Bruno dos Santos, a cargo de la primera instancia, aceptó este planteo tras contabilizar los períodos de inactividad desde el 18 de marzo de 2023 hasta el 7 de abril de 2025, descontando las ferias judiciales y los tiempos en que el proceso estuvo suspendido por incidentes previos.

La DNV, actualmente dirigida por Marcelo Jorge Campoy, apeló la decisión. Según el organismo, sí hubo actividad procesal válida en septiembre de 2023, cuando respondieron a la notificación de Carlos Kirchner (absuelto en la causa penal y que solicitó quedar fuera de la demanda civil). También mencionaron la solicitud para obtener el expediente en préstamo y digitalizar documentos, argumentando que estos actos interrumpían el plazo de inactividad.

Sin embargo, los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, quienes firmaron el fallo mayoritario de la Sala III, desestimaron estos argumentos. Según su análisis, la última acción efectiva en el expediente fue ordenada el 17 de marzo de 2023. Luego de esa fecha, el caso quedó paralizado y los escritos presentados posteriormente por Vialidad no tuvieron valor para reactivar el procedimiento, ya que se realizaron cuando el proceso estaba suspendido.

Los camaristas también destacaron que la petición para digitalizar los documentos no era relevante, ya que la DNV no tenía la responsabilidad de hacerlo y esto no incidía en el avance del caso. Por lo tanto, la falta de impulso quedó constatada y la caducidad de la demanda fue ratificada.

No obstante, la jueza Florencia Nallar votó en disidencia. Nallar sostuvo que declarar la caducidad es una medida extrema que debe aplicarse con cautela para evitar la prolongación indefinida de los juicios, pero advirtió que no puede utilizarse como un recurso para evitar una decisión sobre el fondo del asunto. A su entender, las acciones realizadas por Vialidad durante el período de suspensión no debieron ser consideradas inválidas de forma automática, y recalcó que una vez reanudado el caso en marzo de 2025, era el juez quien debía dictar las resoluciones pendientes antes de exigir nuevas gestiones al organismo demandante.

Este litigio civil se tramitó en paralelo al caso penal de la llamada «causa Vialidad», pero su desenlace no afecta el proceso de decomiso de bienes que sigue adelante en el Tribunal Oral Federal N° 2. Esa instancia busca recuperar 684 mil millones de pesos para resarcir al Estado por los perjuicios derivados de la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Fernández de Kirchner.

Con este fallo, la posibilidad de que el Estado obtenga una compensación a través de esta demanda civil se desvanece, al menos por la vía de este expediente, y el foco queda puesto en las acciones penales en curso.