En el último año, la empresa farmacéutica Suizo Argentina SA, propiedad de la familia Kovalivker, firmó 17 contratos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, por un monto total que supera los 34.000 millones de pesos. Esta cifra surge de datos oficiales publicados por el Organismo Provincial de Contrataciones, que detalla licitaciones y contrataciones directas celebradas entre enero de 2023 y febrero de 2024.
La compañía, actualmente bajo investigación judicial, no solo ostenta el récord de ser la principal proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a nivel nacional, sino que también se posiciona como una de las empresas más contratadas por la administración bonaerense. El informe oficial muestra que Suizo Argentina SA fue adjudicataria en quince procesos licitatorios y dos contrataciones directas en el mencionado período. Sin embargo, fuentes provinciales admiten que el número real de operaciones podría ser mayor, debido a la complejidad y cantidad de organismos auditores que intervienen en las compras públicas.
La presencia de Suizo Argentina SA no se limita a Buenos Aires. Su capacidad logística le permitió concursar y ganar contratos desde la provincia de Tierra del Fuego hasta Salta, una cobertura que, según fuentes oficiales, la llevó a ser contratada en la mayoría de las jurisdicciones provinciales del país. Aunque esto no constituye un delito en sí mismo, el avance de la investigación penal a cargo del fiscal Franco Picardi podría desencadenar una serie de consecuencias en otras provincias, en lo que algunos califican como un posible «efecto dominó».
Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, titulares de la droguería, se encuentran en el centro de la investigación judicial. El caso adquirió notoriedad tras la difusión de audios comprometedores y el inicio de una causa federal que investiga contratos por 55.000 millones de pesos celebrados entre la empresa y el Estado nacional.
Desde la administración de Axel Kicillof, sostienen que al asumir encontraron a Suizo Argentina SA como principal proveedora del Ministerio de Salud bonaerense, condición que aún mantiene aunque ahora comparte el liderazgo con otras firmas. Funcionarios provinciales justifican la continuidad de la droguería, argumentando que su capacidad de almacenamiento y distribución, junto con su relación directa con los laboratorios, la convierten en una pieza clave para asegurar el suministro de medicamentos, tanto planificados como de urgencia, a los 100 hospitales que dependen del sistema público provincial.
Entre los contratos más relevantes firmados en el último año se encuentra una licitación adjudicada en febrero de 2024 por casi 1.400 millones de pesos para la provisión de hipoglucemiantes orales. En noviembre de 2023, otra licitación alcanzó los 5.783 millones de pesos para la compra de medicamentos y productos farmacéuticos, en su mayoría destinados a tratamientos oncológicos. Además, la droguería participó en una contratación por más de 23.000 millones de pesos para la provisión de fármacos oncológicos.
Consultados sobre el impacto de las sospechas actuales de corrupción que salpican a la empresa, fuentes del gobierno bonaerense aclararon que tales investigaciones no constituyen motivo suficiente para excluir a Suizo Argentina SA de futuras licitaciones. «Nada impide que sigan ofertando mientras presenten los mejores valores en las licitaciones. Solo serán excluidos si sus precios dejan de ser convenientes para el Ministerio de Salud», explicaron. Además, recalcaron que los pagos se realizan solo después de que los organismos auditores y la Fiscalía de Estado controlen la legalidad de los procesos, a diferencia del sistema nacional, donde primero se paga y luego se audita.
Actualmente, los contratos sometidos a investigación penal son principalmente los celebrados por la ANDIS y Suizo Argentina SA. La causa judicial nacional, con el fiscal Picardi a cargo, indaga sobre una presunta red de sobornos y posibles sobreprecios en los procesos licitatorios. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, profundiza en la legalidad de los contratos y la posible existencia de sistemas similares en otras provincias.
Mientras la Justicia avanza, la empresa de los Kovalivker sigue siendo un actor de peso en la provisión de medicamentos al Estado, en medio de la polémica por la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas.
