La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión clave este miércoles al ordenar que avance el juicio oral por el bloqueo sindical que el gremio de Camioneros llevó a cabo en la sede de la empresa Química Oeste, en mayo de 2021. La medida llega tras una extensa batalla judicial y es interpretada como una fuerte señal para el sindicato que lidera Hugo Moyano.

El conflicto comenzó el 10 de mayo de 2021, cuando un grupo de aproximadamente diez personas arribó a la planta de Química Oeste en tres autos particulares. Portando una bandera identificatoria del Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande, los manifestantes impidieron la salida de camiones y el ingreso de empleados, declarando que nadie trabajaría ese día. Con el correr de las horas, más activistas se sumaron y reforzaron el bloqueo.

La empresa denunció el hecho ante la justicia, señalando que la protesta sindical no sólo afectó el normal funcionamiento de la planta, sino que también resultó en pérdidas económicas millonarias: según sus cálculos, Química Oeste perdió varios millones de pesos diarios y el sector petrolero, que dependía de sus insumos, llegó a perder hasta dos millones de dólares por día.

La situación se agravó en los días siguientes. El 11 de mayo, varios camiones con contenedores fueron detenidos en los accesos, y numerosos clientes quedaron imposibilitados de retirar mercadería. El lunes 17 de mayo, el bloqueo se repitió, con una mayor presencia de personas identificadas con el sindicato, lo que obligó a los camiones a buscar otros lugares para pernoctar y paralizó la actividad comercial. Finalmente, el 18 de mayo, tras la intervención de la policía bonaerense, se formó un cordón de seguridad para habilitar el paso de vehículos y el bloqueo fue levantado esa misma noche.

La denuncia penal de la empresa incluyó acusaciones por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, quienes, según sus empleadores, buscaban reunir la cantidad suficiente de representantes para elegir un delegado propio. María Florencia Arietto, abogada denunciante y actual senadora de La Libertad Avanza, sostuvo que se trataba de «un reclamo laboral inventado».

Entre los imputados figuran Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, junto a varios miembros y empleados de Química Oeste. La fiscalía los acusó de llevar adelante un plan premeditado con comportamientos violentos y amenazas para interrumpir el normal funcionamiento de la empresa.

El caso atravesó un extenso recorrido judicial. En octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento de los imputados y avaló la elevación a juicio oral. Sin embargo, la defensa apeló y la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión, sobreseyendo a los acusados al considerar que no se había probado la existencia de conductas violentas ni la intención de perturbar la posesión del inmueble. La querella apeló, pero tanto el Tribunal de Casación Penal como la Suprema Corte bonaerense rechazaron sus planteos.

Ante este panorama, la empresa Química Oeste recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando una interpretación arbitraria sobre el ejercicio del derecho a huelga y la consiguiente afectación de derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a ejercer una actividad lícita y a la propiedad privada. El máximo tribunal le dio la razón a la empresa y, remitiendo al precedente «Uzcátegui Matheus» de 2016, consideró que las instancias inferiores incurrieron en un «injustificado rigor formal» y desatendieron cuestiones esenciales para la resolución del caso.

Con este fallo, la Corte Suprema ordenó que el proceso continúe y que se realice el juicio oral y público, revirtiendo los sobreseimientos previos. La decisión implica que los dirigentes y miembros del sindicato involucrados deberán responder ante la justicia por los hechos ocurridos durante el bloqueo. Se trata de un nuevo capítulo en la relación entre la Justicia y el poderoso gremio de Camioneros, que vuelve a quedar bajo el escrutinio judicial por sus métodos de protesta.