El Congreso argentino se convirtió esta semana en epicentro de un encendido debate tras la decisión de la Justicia de prohibir la difusión de nuevos audios relacionados con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco de una investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, solicitada por el Gobierno y avalada por el juez federal Patricio Maraniello, generó una ola de rechazo entre bloques opositores y periodistas, quienes denunciaron un intento de censura y un grave retroceso en materia de libertad de prensa.

El conflicto se originó cuando la administración nacional pidió el «cese inmediato» de la divulgación de grabaciones que comprometerían a la funcionaria, acusada de participar en maniobras ilícitas dentro de ANDIS. El pedido fue concedido por el juez Maraniello, lo que llevó a la oposición a movilizarse tanto en Diputados como en el Senado.

En la Cámara Baja, el diputado Christian Castillo, referente de la izquierda y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, convocó a una reunión en la que participaron los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, señalados por el oficialismo como responsables de haber filtrado los audios en cuestión. La comisión, presidida por la libertaria María Emilia Orozco, había permanecido inactiva durante el último año, lo que derivó en críticas por parte de la oposición, que la acusó de priorizar actividades personales por sobre su tarea institucional.

Durante el encuentro, Jorge Rial anticipó que continuará investigando y presentando material sobre supuestas irregularidades en la agencia estatal, asegurando contar con documentación que probaría incentivos económicos a empleados para «bajar subsidios» y beneficiar a quienes más recortaran. «Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado», expresó el periodista, quien sostuvo que su labor se limita a informar sobre posibles hechos de corrupción en la actual gestión. Rial lamentó el peso que implica enfrentar al Estado y acusó al Gobierno de considerar a la Constitución como «kriptonita».

Por su parte, Mauro Federico denunció la existencia de una «organización» desde el Gobierno destinada a desmantelar el sistema de asistencia a personas con discapacidad.

La reunión contó con la presencia de representantes de diversos bloques opositores, como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Coherencia, este último conformado por exmiembros de La Libertad Avanza. Desde la UCR, Karina Banfi envió su apoyo a los periodistas, mientras que ni La Libertad Avanza ni el PRO estuvieron representados.

Simultáneamente, en el Senado, la Comisión de Libertad de Expresión también repudió la medida judicial que impide la publicación de información relacionada con el presunto cobro de coimas. El encuentro fue encabezado por la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), quien subrayó la gravedad del fallo judicial al afirmar que «nunca en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como éste, nunca jamás hubo una decisión de censura previa». Acompañaron la declaración senadores de Convicción Federal, Unión por la Patria y el radicalismo.

El senador Pablo Blanco (UCR) advirtió sobre el peligro de «traspasar la barrera» con este tipo de decisiones, mientras que Martín Lousteau (UCR) remarcó la necesidad de garantizar la libertad de prensa desde el Congreso. «Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o allanar sus lugares de trabajo, estamos dando un paso muy problemático para la salud de la democracia», alertó.

La controversia por el fallo judicial y la reacción oficialista puso en primer plano el debate sobre los límites a la libertad de expresión y el rol de la prensa en la Argentina, con la oposición y amplios sectores periodísticos alertando sobre posibles intentos de silenciar denuncias de corrupción desde el poder.