El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue sentenciado este martes a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable de pagar comisiones indebidas en el proceso de importación de Gas Natural Licuado (GNL). Además, deberá restituir al Estado más de cinco millones y medio de dólares, como parte de la reparación por el fraude cometido durante la operación.
La decisión del Tribunal Oral Federal 7, compuesto por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, también alcanzó a otros dos implicados en el caso: Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, quien recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, y Nicolás Dromi Sanmartino, empresario intermediario en la operación, sentenciado a tres años en suspenso. Mientras De Vido y Baratta enfrentan penas de cumplimiento efectivo, no quedarán detenidos hasta que la sentencia quede firme. Dromi Sanmartino, en tanto, deberá cumplir reglas de conducta y realizar un curso de ética pública para el sector privado.
El tribunal también dictó la inhabilitación perpetua para que De Vido y Baratta vuelvan a ocupar cargos públicos, al encontrarlos responsables de administración fraudulenta agravada, en perjuicio de la administración estatal. Los tres condenados deberán restituir al Estado un total de 5,5 millones de dólares, suma que fue pagada en concepto de comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin experiencia técnica e intermediarios cercanos a los funcionarios.
El fallo fue comunicado por videoconferencia, en una audiencia donde los acusados tuvieron la oportunidad de pronunciarse antes de conocer el veredicto. De Vido, fiel a su postura en otros procesos, se limitó a agradecer el trato de los jueces. El 28 de noviembre próximo se publicarán los fundamentos del fallo y, a partir de ese momento, las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio, tanto De Vido como los otros acusados habían solicitado su absolución, argumentando que sus acciones se ajustaron a la legalidad y que no existió perjuicio alguno para el patrimonio estatal.
Este proceso marca la tercera condena judicial para De Vido. Anteriormente, fue hallado culpable por la tragedia ferroviaria de Once, recibiendo una pena inicial de cinco años y ocho meses, luego reducida a cuatro años, y por la compra fallida de trenes a España y Portugal, donde recibió ocho años de prisión, aunque esta última sentencia fue luego revisada por la Cámara de Casación. En otros casos resonantes, como la causa «Vialidad» y el financiamiento de la novela «Mamá Corazón», fue absuelto. En total, De Vido acumula 12 juicios orales, la mayoría aún pendientes.
La causa actual investigó el pago irregular de 5,5 millones de dólares a la firma Diligentia S.A., dirigida por Dromi Sanmartino, por la importación de GNL a través de 11 barcos en el marco del Programa Energía Total. La fiscal Fabiana León sostuvo que la intermediación fue innecesaria y que existió un esquema de contratación fraudulenta, con un claro beneficio para particulares allegados a los funcionarios involucrados.
El origen del caso se remonta a la crisis energética de 2007, cuando una fuerte nevada llevó a la compra de grandes volúmenes de GNL por parte de la estatal ENARSA, sin precios de referencia y con operaciones poco transparentes. Esta política terminó costando al Estado unos 15 mil millones de dólares, cerca del 29% de las reservas del Banco Central de ese momento.
De Vido, quien ya estuvo detenido entre 2017 y 2019 por otros procesos, no será encarcelado hasta que la condena quede firme. Su próximo juicio oral está previsto para el 6 de noviembre, en la emblemática causa de los «Cuadernos de las Coimas». Mientras tanto, la justicia argentina sigue investigando el manejo de fondos públicos durante su gestión.
