El ex secretario de Obras Públicas, José López, deberá cumplir una condena unificada de 13 años de prisión, una multa equivalente al 60% de su enriquecimiento ilícito y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que integran los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, tras analizar las sentencias firmes en su contra por corrupción y enriquecimiento ilícito.

La decisión del TOF 2 responde a la necesidad de unificar las distintas condenas que pesan sobre López. Antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su responsabilidad por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como «Vialidad», López ya había sido condenado por enriquecimiento ilícito, fallo que también fue sostenido por el máximo tribunal. Por la gravedad y el alcance de los delitos, el tribunal consideró que la pena debía ubicarse cerca del máximo legal permitido.

En su resolución, los magistrados destacaron “la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado”. Se mantuvieron, además, todas las inhabilitaciones y multas impuestas en los distintos pronunciamientos judiciales, siguiendo la propuesta del fiscal general Diego Luciani. El funcionario del Ministerio Público Fiscal había solicitado que no se redujeran las penas, señalando que el caso representaba “un hecho de gran corrupción con las más altas jerarquías del gobierno, del que fue parte el ex secretario de Obras Públicas, generando un colosal perjuicio al Estado”.

Durante el juicio, los fiscales resaltaron la “gravedad de los hechos” y el daño económico ocasionado, cifrado por peritos de la Corte Suprema en unos 537 millones de dólares, aunque en la acusación fiscal el perjuicio ascendía a los 1.000 millones. El papel de López fue considerado clave: como secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, fue el encargado de garantizar los pagos irregulares al Grupo Austral y de permitir el direccionamiento de las obras públicas viales a favor de Lázaro Báez. En la investigación de “Vialidad” se analizaron 51 licitaciones durante los tres primeros gobiernos kirchneristas, en las que se detectaron circuitos exclusivos de pagos, sobreprecios, ausencia de controles y licitaciones en las que Báez competía consigo mismo.

El tribunal recordó que López ya enfrentaba una condena por enriquecimiento ilícito —un caso que incluyó la famosa imagen de los bolsos con dinero en un convento— y por tenencia de armas. Ahora, con la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, correspondía definir el total de la pena.

La defensa oficial, a cargo de Santiago Finn, había solicitado que la unificación de penas no implicara una suma aritmética, sino la aplicación del “método composicional”, que suele reducir la condena cuando los delitos podrían haber sido juzgados en un solo proceso. Según este planteo, la pena debería acercarse a los seis años previstos en el caso Vialidad, considerando que el enriquecimiento ilícito era una consecuencia de la administración fraudulenta. Por ello, el defensor propuso una condena de ocho años en total, para evitar lo que consideró una duplicación de las acusaciones.

Sin embargo, el TOF 2 rechazó este argumento y optó por una pena de 13 años, subrayando la gravedad y el impacto de los delitos cometidos. López recibió así la misma condena que afrontan otros protagonistas del expediente Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

La causa Vialidad se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina, y la sentencia contra José López representa una respuesta judicial contundente a los delitos perpetrados en la gestión de la obra pública.