La justicia federal avanza sobre una causa que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pone en el centro de la escena a la droguería Suizo Argentina SA, principal proveedora de medicamentos del organismo. El expediente analiza posibles sobornos y presuntas irregularidades en procesos de compra que, según fuentes judiciales, podrían haber sido diseñados para beneficiar a la empresa de la familia Kovalivker.
La atención de los investigadores se concentra en las compras realizadas por ANDIS bajo la dirección de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo por decisión del presidente Javier Milei tras la filtración de conversaciones comprometedoras. Uno de los elementos clave es una serie de adjudicaciones a Suizo Argentina SA, que durante el último año sumaron casi 55.000 millones de pesos. El fiscal federal Franco Picardi encabezó allanamientos y requirió expedientes, correos electrónicos y documentación de operaciones comerciales entre el organismo y la droguería, con el objetivo de reconstruir un posible circuito de coimas.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, examina la legalidad de los procesos licitatorios y la posible existencia de sobreprecios. El área tiene la función de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos y el manejo de fondos estatales. En ese marco, la intervención de ANDIS informó recientemente que se pagó un 27% de sobrecosto en la adquisición de un medicamento a Suizo Argentina SA, lo que podría anticipar la aparición de otras irregularidades.
El mercado de provisión de medicamentos al Estado argentino está dominado por tres droguerías: Del Sud, Monroe Americana y Suizo Argentina, que juntas concentran el 70% de la distribución y alrededor del 60% de la facturación del sector. En el caso concreto de ANDIS, Suizo Argentina SA se convirtió en su principal proveedora, especialmente dentro del programa Incluir Salud. Sólo en 2024, la empresa recibió compras por más de 15.000 millones de pesos, lo que representó el 20% de los medicamentos requeridos por el programa, mientras que el resto de las adquisiciones se distribuyó entre 57 proveedores.
Uno de los procesos licitatorios que más llama la atención de los investigadores es la licitación pública identificada como 96-0060-LPU24, con expediente EX-2024-98427746-. Destinada a la provisión de medicamentos para el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el proceso comenzó en septiembre de 2024 con la aprobación de una contratación anual por más de 23.000 millones de pesos, con posibilidad de prórroga. En la primera convocatoria participaron 16 droguerías, pero sólo se validaron seis ofertas. Suizo Argentina SA presentó una oferta de algo más de 18.200 millones de pesos, una de las más bajas, aunque la licitación fue cancelada en octubre por razones presupuestarias.
Poco después, el proceso fue reactivado y en la segunda convocatoria se presentaron once oferentes, de los cuales sólo cuatro cumplían con los requisitos técnicos. Suizo Argentina SA ofreció un valor total de 15.393 millones de pesos, mientras que la oferta de su principal competidor, DNM Farma SA, fue desestimada por no cumplir con las condiciones del pliego. Finalmente, en marzo, el Estado nacional adjudicó la compra a Suizo Argentina.
Las sospechas surgieron ante la posibilidad de que el proceso se haya orientado deliberadamente para que Suizo Argentina resultara ganadora, una hipótesis que la justicia intenta confirmar o descartar. Según el informe técnico de la Dirección General de Servicios Hospitalarios, la empresa de la familia Kovalivker cumplió con todos los requisitos y su oferta se consideró adecuada en términos económicos y técnicos. Sin embargo, el hecho de que sólo dos ofertas fueran consideradas admisibles y que Suizo Argentina se quedara con la adjudicación reavivó las dudas sobre la transparencia del proceso.
Por el momento, tanto la ruta del dinero como los procedimientos administrativos continúan bajo la lupa judicial. La empresa y los exfuncionarios implicados no han respondido a los requerimientos periodísticos, mientras la investigación sigue su curso para determinar si existieron delitos en el manejo de recursos públicos destinados a la salud.
