La Justicia federal avanza en la investigación de la droguería Suizo Argentina SA y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para esclarecer la existencia de un presunto circuito de sobornos en la provisión de medicamentos. A raíz de la causa, el fiscal Franco Picardi incautó recientemente una copia del servidor de la empresa, que da cuenta de una vasta red comercial con más de 10.700 clientes en todo el país, incluyendo gobiernos provinciales clave como Santa Cruz y Buenos Aires.
El eje de la pesquisa está puesto en los contratos que, desde 2024, vincularon a Suizo Argentina SA con la ANDIS por un monto total de 55.000 millones de pesos, especialmente en el marco del programa Incluir. Las autoridades buscan determinar si las licitaciones, compras directas y contrataciones cumplían con los criterios de transparencia, o si existieron maniobras para direccionar negocios a favor de la droguería, propiedad de la familia Kovalivker.
Más allá del foco nacional, la compañía ostenta una presencia consolidada en diversas provincias. Santa Cruz, gobernada por Claudio Vidal, figura entre sus principales clientes. Desde el 29 de octubre de 2024 hasta fines de agosto de este año, la provincia emitió 323 facturas a favor de Suizo Argentina SA por un total de 14.037 millones de pesos. Estas operaciones, canalizadas a través de la Caja de Servicios Sociales —el mayor ente de cobertura médica de la región, con 127.000 afiliados—, están siendo revisadas en detalle por la Dirección General de Auditoría provincial.
A pesar del volumen de compras, Santa Cruz aún mantiene un saldo pendiente de pago de 8.806 millones de pesos con la droguería. El monto facturado por la provincia representa cerca del 41% de lo que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof pagó a la misma empresa durante el mismo período. En Buenos Aires, Suizo Argentina SA ha participado en al menos 15 licitaciones y dos contrataciones directas entre enero de 2024 y febrero de este año, por un total de 34.032 millones de pesos.
Fuentes oficiales de Santa Cruz explicaron que la droguería es una de las siete proveedoras habilitadas por la provincia. El mecanismo de adquisición se basa en un sistema que compara precios y selecciona automáticamente al proveedor que ofrece el menor valor, previa auditoría médica. «Suizo es un proveedor más dentro del sistema: cada compra se define por el precio más bajo, y la empresa se encarga de la logística y entrega del medicamento», señalaron desde la gobernación. Los productos más requeridos son medicamentos de alto costo, como tratamientos para HIV, oncología, reumatología y hemofilia, entre otros.
En Buenos Aires, el Ministerio de Salud administra cien hospitales que dependen de compras centralizadas. Desde la gestión de Kicillof, Suizo Argentina SA dejó de ser la única gran proveedora y actualmente comparte el mercado con otras empresas del rubro. Sin embargo, su papel sigue siendo relevante dadas las cifras involucradas en los contratos y la frecuencia de sus adjudicaciones.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, está abocada a analizar la legalidad de los procesos de compras y la posible replicación de prácticas ilícitas en otras provincias. El objetivo central es determinar si los procedimientos normados para la administración pública fueron respetados o si existieron irregularidades que comprometieran fondos del Estado.
Por el momento, la investigación sigue abierta y las autoridades continúan recabando información sobre todas las transacciones comerciales de la empresa, tanto en el ámbito nacional como provincial. Mientras tanto, los gobiernos involucrados insisten en que sus sistemas de compra se rigen por criterios de transparencia y competencia de precios, aunque la lupa judicial sigue firme sobre cada uno de los movimientos de Suizo Argentina SA.
