En la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se vivió una jornada clave para el futuro de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. Las autoridades y abogados de ambos clubes se enfrentaron en una audiencia que se extendió por más de tres horas, en busca de resolver las consecuencias de los violentos episodios ocurridos el 20 de agosto durante el partido de vuelta de octavos de final.

Encabezando las delegaciones estuvieron Néstor Grindetti, presidente de Independiente, y Michael Clark, máximo responsable de la U de Chile, acompañados por sus equipos legales. La Unidad Disciplinaria de Conmebol, bajo la presidencia del paraguayo Eduardo Gross Brown y la participación de Amarilis Belisario (Venezuela) y Lucas Ribeiro (Brasil), fue la encargada de escuchar los alegatos y analizar la documentación presentada.

La audiencia comenzó a las 14:50 y concluyó poco antes de las 19. Según trascendió, ambas partes reiteraron sus argumentos previamente entregados por escrito. Por el lado de Independiente, se expusieron cuatro puntos: en primer lugar, se responsabilizó a la hinchada visitante por la violencia, acusando a los seguidores chilenos de destruir instalaciones y lanzar objetos a la tribuna local. Además, el club de Avellaneda aseguró haber cumplido con todas las medidas de seguridad requeridas para un encuentro de alto riesgo.

En su defensa, Independiente también sostuvo que los incidentes de la barra chilena fueron premeditados, con el objetivo de suspender el partido, y que la decisión de cancelar el encuentro fue tomada por Conmebol tras los disturbios protagonizados por los visitantes. El cuarto punto de su exposición subrayó que, después de la suspensión, se produjo la agresión de los barras locales contra los hinchas de la U, quienes fueron atacados y despojados de sus pertenencias.

Desde el lado chileno, la versión es distinta. Universidad de Chile argumentó que sus simpatizantes fueron víctimas de ataques graves en la Tribuna Pavoni Alta, y que la suspensión del partido fue consecuencia directa de estas agresiones. El club solicita que se lo declare vencedor y avance de fase, considerando el daño sufrido por sus hinchas, que incluyó heridos de gravedad y un caso en el que un simpatizante fue forzado a saltar al vacío para escapar de los atacantes.

El futuro de la serie está en manos del Tribunal de Disciplina, que se espera emita un fallo entre el miércoles y el fin de semana. Hay cuatro caminos posibles: la descalificación de Independiente por su rol de organizador, la descalificación de la U de Chile por los incidentes provocados por su parcialidad y la suspensión del partido, la eliminación de ambos equipos con el consecuente pase directo de Alianza Lima a semifinales, o bien la reanudación del encuentro en un estadio neutral.

Las consecuencias de lo sucedido en Avellaneda ya trascienden el ámbito deportivo. El organismo de seguridad bonaerense decidió prohibir el ingreso de público visitante en todos los partidos que dispute Universidad de Chile en territorio provincial, ya sean oficiales o amistosos, hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se aplicó el derecho de admisión a los barras identificados como partícipes directos de las agresiones, medida que regirá por tiempo indeterminado tras las investigaciones y el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron identificar a los responsables.

Mientras los clubes esperan la resolución definitiva de Conmebol, la Copa Sudamericana sigue en vilo. Las versiones enfrentadas y las graves consecuencias de la violencia en el fútbol sudamericano ponen en el centro de la escena la necesidad de decisiones ejemplares y medidas que garanticen la seguridad en los estadios.