El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se encuentra en el centro de una disputa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Justicia, luego de que una jueza de Mar del Plata ordenara al municipio garantizar el transporte público gratuito durante la jornada electoral del 7 de septiembre.

La polémica se desató después que el gobierno bonaerense, a fines de agosto, publicara la resolución 231/2025, que establece la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial para las elecciones del 7 de septiembre y del 16 de octubre. Además, la medida invita a los municipios a sumarse a la iniciativa. Sin embargo, desde la Municipalidad de General Pueyrredón se opusieron, argumentando que corresponde a la administración provincial, encabezada por Axel Kicillof, proveer los recursos necesarios para solventar el costo de la medida, especialmente porque fue la Provincia la que decidió desdoblar los comicios.

Montenegro, quien también es candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, salió al cruce de la decisión judicial, asegurando que la medida representa una carga financiera imposible de afrontar para el municipio. Según sus estimaciones, la gratuidad del transporte público durante la jornada electoral implicaría un desembolso de 300 millones de pesos, un gasto sin precedentes para las arcas locales. «Nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos», expresó el jefe comunal.

En un tono crítico, Montenegro cuestionó el accionar de la jueza responsable de la decisión, Mariana Haydee Irianni, titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil 2 de Mar del Plata. «Una jueza penal de menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar del Plata, el día domingo de las elecciones, el transporte público lo paguen los vecinos de la ciudad», manifestó el intendente. En sus declaraciones, también apuntó contra la facilidad de tomar decisiones «desde la comodidad de un sillón» sin considerar el impacto económico para los contribuyentes locales.

La controversia se profundizó cuando la municipalidad anunció formalmente que no adheriría a la resolución provincial. Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda del municipio, subrayó que la Provincia tomó la determinación de implementar el transporte gratuito, pero transfirió la responsabilidad financiera a los municipios. «La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”, sostuvo el funcionario, y advirtió que, en ausencia de fondos provinciales, el transporte no será gratuito en General Pueyrredón.

Ante esta negativa, un vecino de Batán presentó una acción de amparo, argumentando que la decisión municipal vulneraba el derecho constitucional de participar en las elecciones en igualdad de condiciones. La jueza Irianni hizo lugar a la presentación y resolvió que la municipalidad deberá garantizar un servicio de transporte público básico y gratuito durante la jornada electoral, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Código Penal en caso de incumplimiento.

En respuesta, Montenegro notificó al Ministerio de Transporte bonaerense, trasladando la responsabilidad a la Provincia sobre los pasos a seguir. El intendente insistió en que la medida es de «cumplimiento imposible» y reiteró su postura de priorizar los intereses de los vecinos marplatenses.

El conflicto pone de manifiesto la puja entre los distintos niveles de gobierno sobre la financiación de políticas públicas en contextos electorales, y anticipa un escenario de incertidumbre de cara a las próximas elecciones en General Pueyrredón.