Juan Grabois y Vanesa Siley, candidatos a diputados por Fuerza Patria y aliados cercanos de Cristina Kirchner, han presentado una audaz propuesta para transformar el sistema judicial argentino. Inspirados por las recientes reformas mexicanas bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, proponen que los jueces sean elegidos a través del voto popular y la eliminación total del Consejo de la Magistratura.

En una entrevista conjunta en un canal de YouTube, Siley —quien forma parte del Consejo de la Magistratura y lidera el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Argentina— argumentó que la actual manera de designar jueces responde a lógicas elitistas y corporativas. Propuso, en cambio, seguir el ejemplo de México, donde desde junio de 2024 más de 2.000 cargos judiciales, incluidos los de la Suprema Corte y tribunales electorales, pasaron a ser elegidos por sufragio directo. Siley tuvo, incluso, participación como observadora en ese proceso electoral, que marcó un hito en el país norteamericano pese a que solo votó el 13% del padrón.

Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y figura destacada en el espacio kirchnerista, advirtió que no se trata de copiar mecánicamente el modelo mexicano, pero sí de crear un mecanismo con fuerte participación ciudadana. Según Grabois, la prioridad es «cambiar la Corte Suprema» y avanzar hacia una reforma constitucional que permita democratizar el poder judicial desde sus cimientos. Consideró fundamental remover a los actuales miembros de la Corte, a quienes calificó de «mamarracho» y recordó que tanto Perón como Néstor Kirchner promovieron profundos recambios en la Corte Suprema durante sus gobiernos.

La propuesta de ambos candidatos apunta también a suprimir el Consejo de la Magistratura, organismo creado en la reforma constitucional de 1994 bajo el impulso de Raúl Alfonsín, y que actualmente interviene en la selección y sanción de jueces. Para Grabois, el Consejo resulta ineficaz y comparó su destino con el plan de Javier Milei para el Banco Central: «hay que hacer más o menos lo que Milei quería hacer con el Banco Central».

Siley, por su parte, consideró que las medidas cautelares otorgadas por los jueces son herencias de un sistema monárquico y deberían ser suprimidas. Sostuvo que la independencia judicial no puede seguir basándose en privilegios de casta, sino en la «voluntad popular». Además, denunció que el proceso actual de selección en el Consejo de la Magistratura favorece a los sectores más conservadores y excluye a referentes del kirchnerismo a través de criterios que priorizan antecedentes académicos y otros requisitos restrictivos.

Ambos dirigentes se mostraron envalentonados por la reciente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el clima de cambios que perciben en la sociedad. Grabois relató que visitó a Cristina Kirchner tras su condena en la causa Vialidad y le obsequió un libro de Arturo Sampay, ideólogo de la reforma constitucional de 1949, sugiriéndole aprovechar su tiempo para redactar una nueva constitución con vistas al 2027.

La propuesta revive el espíritu de la «democratización de la Justicia» que Cristina Kirchner impulsó durante su mandato, pero que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2013. Actualmente, la Constitución argentina establece que los jueces de la Corte Suprema son propuestos por el presidente y requieren el aval de dos tercios del Senado. Grabois y Siley buscan modificar ese esquema por completo, abriendo la puerta a una participación directa de la ciudadanía en la selección de quienes imparten justicia.

Este debate, que ya generó controversia en México, promete encender la discusión política y judicial en la Argentina, poniendo en el centro la pregunta sobre quién debe tener el verdadero control sobre el Poder Judicial: las élites políticas y académicas, o el pueblo soberano a través del voto.