A un día de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, el Gobierno redobló la apuesta e instó a la oposición a involucrarse en un debate profundo sobre la iniciativa. Así lo manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su primera conferencia de prensa tras el traspié electoral de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses.

Adorni abrió el encuentro con un repaso de los principales puntos del proyecto presupuestario que Milei había anticipado antes de viajar a Paraguay. Entre las partidas más relevantes, resaltó aumentos previstos del 8% en educación, 17% en salud, y 5% tanto para jubilaciones como para pensiones. El vocero destacó que el 85% de los fondos recaudados estarían destinados a áreas de Capital Humano, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal y evitar presiones inflacionarias.

En el mismo marco, Adorni desmintió públicamente los cuestionamientos del secretario de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien había señalado que el incremento del 17% en salud sería apenas simbólico frente a una inflación proyectada en 14%. Según Adorni, los incrementos superan la inflación estimada y buscan fortalecer la inversión social.

El vocero pidió a los legisladores que «lean el proyecto y se sienten a discutirlo» en el Congreso, subrayando la importancia de un debate «serio y adulto» sobre la hoja de ruta fiscal del Estado. Recordó que, desde la asunción de Milei, se administraron los recursos públicos mediante la prórroga del Presupuesto 2023 y enfatizó que es una oportunidad única para avanzar hacia consensos.

Privatización de Nucleoeléctrica: el nuevo objetivo

Otro de los anuncios destacados de la jornada fue el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la compañía estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El Gobierno planea licitar el 44% de las acciones de la empresa, manteniendo el 51% bajo control estatal. Según Adorni, la medida busca atraer inversiones privadas, impulsar la construcción del primer reactor modular argentino y desarrollar la minería de uranio.

En ese sentido, el portavoz remarcó que todas las empresas públicas están sujetas a eventuales privatizaciones, con el propósito de terminar con el «Estado empresario» y evitar el despilfarro de recursos públicos.

Reformas en el sistema de salud y críticas a gestiones anteriores

Adorni también informó la eliminación de un artículo de la Resolución 2400/2023, que permitía a las prepagas retener excedentes de los aportes. A partir de ahora, esos fondos volverán a los trabajadores, luego de que las empresas del sector hayan conservado miles de millones de pesos en beneficio propio durante casi dos años. El vocero vinculó esa situación a la búsqueda de ventajas electorales durante la administración de Alberto Fernández.

El dólar, el gabinete y las provincias

Consultado sobre la suba del dólar, Adorni descartó riesgos inmediatos, asegurando que la cotización aún no alcanzó el techo permitido, aunque reconoció cierta «volatilidad» típica de los períodos electorales. Además, ratificó la confianza de Milei en su gabinete, desestimando rumores de cambios tras la aparición de audios que denuncian presuntos casos de corrupción en el área de Discapacidad. Sostuvo que el presidente no tolera actos de corrupción y espera que la Justicia aclare la autenticidad de esas grabaciones.

En relación al vínculo con las provincias, el Gobierno anunció la distribución de Aportes del Tesoro Nacional a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco para atender emergencias. El nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, iniciará conversaciones con los gobernadores para identificar prioridades, mientras que Adorni anticipó que la cooperación estará sujeta a la filosofía del Gobierno nacional.

Universidades y financiamiento: el debate continúa

En respuesta al conflicto con las universidades nacionales tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, Adorni negó planes de cierre y aseguró que se han cubierto todas las demandas del sector. El funcionario advirtió que, de no sostenerse el veto, podrían abrirse puertas a negociaciones gremiales generalizadas desde el Congreso, lo que pondría en jaque el equilibrio presupuestario.

Mientras tanto, se prevé una nueva manifestación para exigir la anulación del veto, en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y el sector educativo. El Gobierno insiste en la necesidad de auditorías y defiende su postura como parte de su programa de reformas.