El gobierno nacional ha redirigido el foco de su reacción ante el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que inicialmente involucró a figuras cercanas al presidente Javier Milei, como su hermana Karina Milei y Martín “Lule” Menem. Ahora, toda la atención oficial se concentra en Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo, a quien el presidente y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responsabilizan por la crisis.
La polémica estalló tras la difusión de audios comprometedores atribuidos a Spagnuolo, en los que se sugerían irregularidades en la gestión de fondos vinculados a la discapacidad. Ante la consulta mediática, Francos no dudó en marcar distancia: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”, sentenció en declaraciones radiales, reforzando así un giro en la estrategia oficial que hasta hace pocos días evitaba confrontarlo directamente.
Francos defendió la integridad de Javier Milei, asegurando que es una persona “absolutamente honesta y transparente” y que no acostumbra rodearse de funcionarios con intenciones ilícitas. Sin embargo, el jefe de Gabinete dejó en claro que, a su entender, Spagnuolo no compartía esos valores. “No sé si era cercano, pero lo conoce al Presidente y ha participado de reuniones en Olivos”, detalló el funcionario, dando cuenta de la relación previa entre el mandatario y el exdirector de Andis.
En cuanto a las figuras más cercanas al entorno presidencial, Francos fue contundente: no tiene objeciones hacia “Lule” Menem ni hacia Karina Milei. Consultado por la posibilidad de “poner las manos en el fuego” por ellos, respondió que ambos le merecen absoluta confianza. “Como funcionarios son personas irreprochables”, aseguró, defendiendo también a la secretaria general de la Presidencia.
El cambio de actitud oficial hacia Spagnuolo se hizo evidente tras las declaraciones de Javier Milei durante una caravana política en Lomas de Zamora, donde tildó al exfuncionario de “mentiroso” y adelantó que sería llevado ante la Justicia. Este viraje marca un distanciamiento claro del gobierno con el exdirector de Andis, a quien hasta ahora había evitado señalar públicamente como responsable del escándalo.
Francos, por su parte, desestimó la gravedad de los audios filtrados, calificándolos de “ridículos y sin sentido” y sugiriendo que su difusión responde a una operación mediática impulsada por sectores opositores. “Los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen ahora”, cuestionó el jefe de Gabinete, insinuando que el kirchnerismo estaría detrás de la maniobra.
Según el funcionario, la publicación masiva de los audios en un canal de streaming opositor y la coincidencia temporal con el debate parlamentario sobre discapacidad alimentan la sospecha de una operación política. Francos además vinculó la situación a un encendido discurso de Leandro Santoro en la Cámara de Diputados y a la presentación de una denuncia penal por parte del abogado Gregorio Dalbón, ocurridas en simultáneo a la difusión de los audios.
Mientras el caso sigue en desarrollo y la justicia deberá determinar la veracidad de las acusaciones, el gobierno busca blindar a sus principales figuras y desplazar la responsabilidad sobre Spagnuolo, quien hasta hace poco formaba parte del círculo de confianza presidencial. La estrategia oficial apunta a preservar la imagen de Milei y su entorno inmediato, mientras crecen las repercusiones políticas y mediáticas en torno a uno de los escándalos más resonantes de los últimos meses.
