En un movimiento estratégico y diplomático, el gobierno de Donald Trump ha decidido apoyar a Argentina en su disputa legal ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York relacionada con la expropiación de YPF. Este apoyo se manifiesta a través de un escrito presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae, una figura jurídica que permite a terceros aportar argumentos en casos de alto interés.
El conflicto se remonta a 2012, cuando durante la gestión de Cristina Kirchner, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF. La jueza Loretta Preska había ordenado recientemente al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares a Burford Capital, el principal beneficiario del juicio. Sin embargo, la sentencia está momentáneamente suspendida mientras se lleva a cabo el proceso de apelación iniciado por Argentina.
El respaldo de Estados Unidos, aunque no vinculante, pretende ganar tiempo y facilitar que otros países se sumen al apoyo hacia Argentina. Expertos señalan que, si bien la corte no está obligada a considerar estos escritos, el apoyo del gobierno estadounidense puede tener un peso significativo en el proceso.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense se involucra en este caso. El año pasado, bajo la administración de Joe Biden, se presentó un amicus curiae solicitando que no se concediera el traspaso de acciones a Burford, argumentando que violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza Preska falló en contra de esta recomendación.
La estrategia actual del gobierno argentino busca no solo mantener la suspensión de la sentencia, sino también sumar apoyos internacionales para fortalecer su posición en la corte. La relación entre el presidente Javier Milei y Donald Trump ha facilitado este reciente respaldo por parte de Estados Unidos.
El caso de la expropiación de YPF sigue siendo un tema de alta complejidad y relevancia, con implicancias significativas tanto para Argentina como para los fondos involucrados, como Burford Capital y Bainbridge, que han presentado reclamaciones millonarias contra el Estado argentino.
