El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de retenciones a la soja y el maíz reavivó el debate sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad de las metas económicas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, que apunta a incentivar la liquidación de hasta 7.000 millones de dólares antes de fin de octubre, surge como un intento de robustecer las reservas y controlar la escalada del dólar, mientras se enfrenta a un delicado equilibrio fiscal.
Según estimaciones privadas, el costo fiscal directo de la eliminación de retenciones rondará el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque el impacto imputable al ejercicio 2025 sería del 0,15%. Si bien estas cifras no amenazan de inmediato el equilibrio de las cuentas públicas, la suma de este gasto a otros ya aprobados por el Congreso —como fondos para universidades, el Hospital Garrahan y emergencias en discapacidad— obliga al Ejecutivo a profundizar el ajuste para evitar desbordes.
Lo que actúa como telón de fondo es la relación con el FMI. Tras no alcanzar la meta de acumulación de reservas acordada para este año —el gobierno de Javier Milei debía sumar 8.000 millones de dólares—, Argentina recibió en julio un waiver del organismo que flexibilizó las exigencias y trasladó el foco al superávit fiscal para 2025, elevando el objetivo primario del 1,3% al 1,6% del PBI. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2026 presentado en septiembre revisó a la baja la meta: 1,5% del PBI para el superávit primario y 0,3% para el financiero.
El nuevo escenario, según analistas, complica el cumplimiento de los compromisos internacionales. De hecho, la eliminación de retenciones recortará casi la mitad del superávit financiero previsto para 2025, lo que pone en duda la capacidad del Gobierno de llegar a la meta fiscal. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó tres escenarios posibles según el porcentaje de liquidación de los stocks de maíz y soja, estimando que el costo fiscal podría oscilar entre el 0,23% y el 0,28% del PBI. Incluso considerando el aumento potencial de la recaudación por Impuesto a las Ganancias, que podría amortiguar en parte el impacto, la pérdida neta para el próximo año se mantendría en torno al 0,14% del PBI, equivalente a unos 1.000 millones de dólares.
El informe de IARAF subraya que la pérdida de recaudación por retenciones representa casi el 46% del superávit fiscal de 2025 previsto en el Presupuesto 2026. Además, advierte sobre un desfasaje temporal: los ingresos por Ganancias se perciben al año siguiente, lo que agrava la presión sobre las cuentas públicas en el corto plazo.
Por otro lado, los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) muestran que en los primeros ocho meses de 2024 las retenciones generaron 5,8 billones de pesos, con una marcada caída en agosto (400.000 millones) respecto de junio y julio, cuando superaron el billón mensual. Esta tendencia refuerza la urgencia del Gobierno por obtener divisas y cumplir con los vencimientos de deuda previstos para 2026, estimados en 9.000 millones de dólares.
En definitiva, la apuesta oficial a un «dólar soja» renovado y la eliminación de retenciones busca calmar el mercado cambiario y fortalecer las reservas, pero implica riesgos fiscales que podrían derivar en nuevos incumplimientos con el FMI. El desafío será equilibrar la necesidad de divisas inmediatas con la obligación de mantener un sendero fiscal compatible con los compromisos internacionales y la estabilidad macroeconómica.
