El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, una norma que había sido vetada previamente por el presidente Javier Milei y que fue confirmada por el Congreso la semana pasada. Sin embargo, en la misma publicación del Boletín Oficial de este lunes, la administración suspendió la entrada en vigor de la ley hasta que el Poder Legislativo defina en el próximo Presupuesto nacional las partidas necesarias para financiar su implementación.

La ley, que establece la declaración de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderse por un año más, enfrenta un obstáculo clave: la ausencia de recursos asignados específicamente para su cumplimiento. Según el decreto 681/25, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el Congreso no precisó de manera concreta cómo se cubrirán los gastos que implicaría la puesta en práctica de la Ley N° 27.793 para el Estado nacional.

Francos citó el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que implique erogaciones no previstas en el presupuesto debe especificar las fuentes de financiamiento. En este marco, el Gobierno solicitó formalmente a diputados y senadores que incluyan en el Presupuesto 2026 la partida y el mecanismo para solventar los costos de la ley. Hasta que esto ocurra, la ejecución de la norma queda suspendida.

En el texto del decreto, Francos remarcó que, más allá de la importancia y sensibilidad de la temática vinculada a la discapacidad, es indispensable que cualquier ampliación de prestaciones «se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo». Además, indicó que el actual presupuesto nacional no dispone de créditos suficientes para hacer frente a la aplicación de la ley.

La decisión del Gobierno se da en un contexto de debate sobre la responsabilidad de cubrir los fondos para políticas sensibles. El jefe de Gabinete ya había anticipado esta postura en una entrevista, donde sostuvo que la oposición debe determinar de dónde saldrán los recursos para garantizar la emergencia en discapacidad. «No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?», expresó Francos, enfatizando la necesidad de definir prioridades en el manejo de las cuentas públicas.

La ley fue aprobada este año por el Congreso tras un proceso que incluyó el veto presidencial por motivos presupuestarios y la posterior insistencia de diputados y senadores, que rechazaron el veto y confirmaron la vigencia de la norma. A pesar de esta ratificación legislativa, la aplicación concreta de la ley dependerá de que se determine su financiamiento en la próxima discusión presupuestaria.

Por ahora, la comunidad vinculada a la discapacidad y los organismos del área deberán esperar a que el Congreso disponga de fondos específicos en el Presupuesto nacional para que la ley pueda ser implementada. El debate sobre cómo financiar políticas de alto impacto social sigue abierto en medio de las restricciones que enfrenta el Estado nacional en materia de recursos.