El escenario financiero argentino se torna cada vez más complejo tras el reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires. El dólar oficial, en una escalada que no se detiene, se acerca peligrosamente al tope de la banda cambiaria establecida, lo que pone al Banco Central (BCRA) en una posición delicada: de alcanzarse ese límite, la autoridad monetaria deberá intervenir y vender reservas, un movimiento que podría tener consecuencias profundas para la economía y la estabilidad del Gobierno.

En este contexto, el riesgo país continúa por encima de los 1.100 puntos, lo que aleja cualquier posibilidad de acceder a financiamiento internacional. Sin alternativas de crédito externo, la única vía que le queda al Estado para cumplir con sus compromisos es recurrir a la compra de divisas, lo que podría abrir la puerta a una nueva devaluación y a una presión inflacionaria adicional.

Expertos del sector privado advierten que la venta de dólares provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo limita la capacidad de pago de la deuda, sino que también aumenta la probabilidad de que el actual esquema cambiario termine quebrándose antes de las próximas elecciones. Las reservas líquidas –alrededor de 20.000 millones de dólares– no son de propiedad exclusiva del BCRA, sino que proceden en gran parte de los depósitos de los ahorristas y, sobre todo, del préstamo del FMI. Utilizar estos fondos para sostener el tipo de cambio implica un riesgo elevado, ya que una disminución de las reservas podría acelerar aún más la demanda de dólares en el mercado.

La situación se agrava por las obligaciones del Tesoro, que tras su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) previo a las elecciones, quedó con apenas 1.100 millones de dólares en caja. Sin embargo, enfrenta vencimientos inminentes de 3.000 millones de dólares hasta fin de año, 4.200 millones en enero y una suma abultada de 14.000 millones durante 2026. Las herramientas tradicionales para financiar estos compromisos, como la colocación de bonos en pesos o la obtención de financiamiento mediante organismos multilaterales, se ven restringidas por la elevada incertidumbre política y las tasas actuales.

De acuerdo a especialistas de la consultora Vectorial, el Gobierno se encuentra en una disyuntiva de «todo o nada»: debe elegir entre no conseguir los recursos necesarios para afrontar su deuda o modificar el esquema de flotación con bandas, que hasta ahora ha tratado de mantener.

Desde el Banco Provincia, el análisis es igual de pesimista. Calculan que en los próximos doce meses vencen 19.000 millones de dólares en deuda externa, cifra que casi representa la mitad de las reservas brutas actuales, estimadas en 40.350 millones de dólares. Sin inversiones productivas, sin financiamiento del mercado ni de organismos internacionales y con un déficit persistente en la cuenta corriente, el esquema vigente pierde sustentabilidad y el mercado no lo considera viable a mediano plazo.

Las miradas del mercado ya se trasladan al periodo posterior a octubre. Según economistas de Cohen, la debilidad del oficialismo tras el resultado en Buenos Aires refuerza la percepción de riesgo y la desconfianza. Si el Gobierno no logra un resultado claro en las próximas elecciones, es probable que el riesgo país se mantenga en niveles elevados. Ante la falta de ingresos por la cuenta capital, el equilibrio externo solo podría alcanzarse mediante una suba del tipo de cambio real y una acumulación de reservas, algo poco probable en el corto plazo. Todo apunta a que el dólar oficial podría romper el techo de la banda, lo que sumaría presión sobre los precios y aceleraría la inflación.

Así, la economía argentina navega aguas turbulentas, con reservas en retroceso, obligaciones crecientes y un mercado que exige definiciones: la sostenibilidad del actual esquema cambiario y la capacidad de pago de la deuda están más cuestionadas que nunca.