A pocas horas de que se levante el secreto de sumario en una causa que sacude al sector de la salud y la administración pública, la justicia federal profundiza la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su principal proveedora, la droguería Suizo Argentina. El expediente, que en apenas tres semanas ha avanzado con diligencias de alto impacto, busca determinar si existieron pagos indebidos y favores comerciales entre el organismo estatal y la empresa de la familia Kovalivker.

El fiscal Franco Picardi lleva adelante la pesquisa, que se inició a partir de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, funcionario vinculado a ANDIS, y que fueron consideradas lo suficientemente sospechosas como para dar impulso a la causa penal. Aunque hasta el momento no se han realizado imputaciones individuales, la atención se centra en la posible existencia de una estructura de sobornos que habría favorecido a Suizo Argentina en las licitaciones de medicamentos.

Como parte de la investigación, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en las últimas semanas. Los procedimientos incluyeron órdenes de presentación tanto en la sede de la droguería como en las oficinas de la ANDIS y los domicilios particulares de Spagnuolo y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, socios de la empresa. Durante estos operativos se incautaron más de 340 mil dólares y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, con el objetivo de trazar el recorrido del dinero y esclarecer eventuales movimientos sospechosos.

Uno de los ejes críticos del caso gira en torno al servidor informático de Suizo Argentina. El fiscal Picardi solicitó la copia completa de ese equipo, que almacena correos corporativos, información sobre contrataciones y datos de clientes. La droguería, a través de su jefe de sistemas, inicialmente se resistió a entregar el material, argumentando la presencia de datos sensibles de miles de pacientes. Este accionar derivó en una denuncia penal por parte del juez Sebastián Casanello, quien interpretó la negativa como obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad. Finalmente, la fiscalía obtuvo la copia requerida, bajo el compromiso de analizar solo la información vinculada al objeto procesal.

La defensa de los Kovalivker, encabezada por el abogado Martín Magram, presentó un escrito solicitando que los datos confidenciales alojados en el servidor no sean difundidos. Fuentes de la empresa explicaron que más del 90% de su clientela corresponde a entidades privadas, como clínicas, sanatorios y unas 7.000 farmacias en todo el país. En particular, destacaron que más de 30.000 personas reciben medicamentos para tratamientos especiales, como HIV, por lo que la protección de esa información es prioritaria.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, examina más de cien facturas y alrededor de 600 contratos celebrados entre la ANDIS y Suizo Argentina durante la actual gestión. El objetivo es determinar si existieron sobreprecios, direccionamientos o irregularidades en los procesos de compra.

La situación patrimonial de Diego Spagnuolo también está bajo la lupa. Se le incautaron 80 mil dólares no declarados, y se analiza el salto registrado en su patrimonio personal: pasó de declarar poco más de 30 millones de pesos al ingresar a la función pública a superar los 81 millones en apenas dos años.

El secreto de sumario que protegió durante veinte días hábiles los elementos de prueba está a punto de concluir. La gran incógnita es si la fiscalía contará con la evidencia suficiente para solicitar indagatorias ante el juez Casanello. Por ahora, la investigación sigue avanzando, enfocada en desenmarañar una posible trama de sobornos y direccionamientos en la provisión de medicamentos para uno de los sectores más sensibles del sistema de salud.