La posibilidad de dolarizar la economía argentina ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública, impulsada por el reciente anuncio de respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Este giro reaviva un debate que involucra no solo a referentes políticos y economistas locales, sino también a influyentes think tanks estadounidenses.

El propio presidente Milei, quien durante la campaña electoral defendió abiertamente la dolarización total, ha retomado el tema en declaraciones recientes. El mandatario señaló que cualquier decisión en ese sentido debería contar con un amplio consenso social y planteó la posibilidad de someterla a una consulta popular vinculante. Al mismo tiempo, reconoció que se trata de una medida compleja y que su implementación podría requerir hasta cuatro años.

La discusión cobró fuerza luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara negociaciones con el equipo económico liderado por Luis Caputo. El paquete en estudio incluye una línea de swap por 20.000 millones de dólares, un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) y diversas iniciativas complementarias, como inversiones de empresas norteamericanas y la adquisición de bonos argentinos.

Mientras tanto, figuras políticas como Ramiro Marra, legislador porteño que integró las filas de La Libertad Avanza pero ahora se encuentra alejado del oficialismo, presionaron para que el Ejecutivo avance con la dolarización. Marra consideró que esta reforma, más allá de los avances hacia el superávit fiscal, sería el verdadero cambio capaz de marcar un antes y un después en la historia del país.

Desde el exterior, voces como la de Ian Vásquez, vicepresidente del Cato Institute, interpretan el momento como una oportunidad única. Vásquez opinó que el anuncio de apoyo de Estados Unidos podría ser el impulso necesario para que Milei confirme la dolarización, lo que generaría, según él, un «shock» de confianza en la economía argentina.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de advertencias. El Peterson Institute of International Economics (PIIE) recordó que aunque Milei apoyó la idea en campaña, su equipo económico la archivó al asumir el gobierno, considerando los riesgos de perder la política monetaria independiente. Ahora, según el análisis de la experta Monica de Boelle, la falta de alternativas y el debilitamiento político de Milei reabren el debate. De Boelle advierte que una dolarización formal podría modificar el equilibrio de poder económico y político, debilitar la influencia del FMI y tensar la relación regional con China. Además, subraya que adoptar el dólar es una decisión difícil de revertir y marca un cambio institucional profundo.

Un punto clave en la discusión es la cantidad de dólares necesarios para llevar adelante el proceso. Según un informe de la consultora 1816, para rescatar el circulante en pesos al tipo de cambio actual serían imprescindibles al menos 17.500 millones de dólares. Si el objetivo es respaldar toda la Base Monetaria, la cifra ascendería a 30.400 millones. Aun así, sostienen que el stock preciso debería ser mucho mayor si se considera el conjunto de los agregados monetarios, llegando hasta 130.000 millones de dólares, una suma difícil de conseguir.

Sin embargo, otros especialistas como Emilio Ocampo –exasesor de Milei y propuesto para presidir el Banco Central en 2023– sostienen que el monto podría ser mucho menor. Ocampo argumenta que solo la circulación monetaria en poder del público requeriría respaldo, estimando su valor en unos 15.000 millones de dólares. Además, sugiere que la conversión podría realizarse de manera gradual y voluntaria, como sucedió en El Salvador, y extenderse por un período de hasta dos años.

La posibilidad de dolarizar, aunque más cercana que en otras oportunidades por el apoyo externo, sigue siendo una propuesta con múltiples aristas, riesgos y desafíos, que divide opiniones tanto dentro como fuera del país. Por ahora, la discusión está más viva que nunca, mientras el gobierno de Milei evalúa si el salvataje estadounidense puede ser el puntapié para avanzar en una de las reformas más profundas y polémicas de la historia argentina.