La Cámara de Diputados de la Nación se moviliza en dos frentes clave: avanzar en la modificación de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de restringir el margen de acción del presidente Javier Milei, y dar curso a investigaciones por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a figuras del Gobierno.
En una jornada cargada de definiciones políticas, la oposición logró imponer la apertura de comisiones para tratar el proyecto que busca modificar la ley de DNU, el cual ya fue aprobado en el Senado con un amplio respaldo multipartidario: 56 votos a favor provenientes de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y otros bloques federales, frente a solo 8 votos negativos —entre ellos, los de los libertarios y una representante del PRO alineada con Patricia Bullrich.
La discusión girará en torno al texto que plantea un profundo cambio respecto a la ley vigente, sancionada en 2006 bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Actualmente, los DNU dictados por el Ejecutivo adquieren validez inmediatamente luego de su firma y solo pierden efecto si ambas cámaras del Congreso los rechazan explícitamente. El nuevo proyecto propone invertir este mecanismo: los DNU solo entrarían en vigencia si reciben el aval de ambas cámaras en un plazo de 90 días. De no obtener ese respaldo, automáticamente perderían su validez. Además, si una sola cámara los rechaza, el decreto queda anulado.
El impulso de esta reforma se da en un contexto en el que el Congreso ya rechazó dos DNU impulsados por Milei: uno que incrementaba el presupuesto de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) en 100 mil millones de pesos en fondos reservados, y otro que afectaba el régimen de la Marina Mercante y limitaba el derecho a huelga.
El proyecto que se discutirá también incorpora otras restricciones. Por ejemplo, cada DNU deberá abordar únicamente una materia específica, con el fin de evitar decretos «ómnibus» como el 70/2023, firmado por Milei, que contenía más de 300 artículos y modificaba decenas de leyes. Asimismo, se establece que si un decreto es rechazado, se preservan los derechos adquiridos durante su vigencia, pero el Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma temática en el mismo año parlamentario.
El debate en comisión está previsto para el martes 23 de septiembre al mediodía en un plenario conjunto de Asuntos Constitucionales, presidido por el libertario Nicolás Mayoraz, y Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato (PRO). La intención de la oposición es conseguir dictamen ese mismo día para llevar el proyecto al recinto en la siguiente sesión.
En paralelo, la oposición también forzó la convocatoria a comisiones para avanzar en el tratamiento de pedidos de interpelación dirigidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Estas citaciones están motivadas por sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de la difusión de audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, en los que se describiría un esquema sistemático de corrupción involucrando a altos funcionarios.
El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) fue uno de los que reclamó mayor celeridad en el tratamiento del tema, señalando que “se va a cumplir un mes desde que se conocieron los audios” y subrayando la necesidad de que la Cámara baja exija explicaciones ante lo que considera una «política inhumana» y un «sistema de saqueo» a través de empresas proveedoras mientras se recortan partidas para discapacidad.
La reunión de comisión para tratar estos pedidos de interpelación quedó pautada para el martes próximo a las 14 horas, luego del plenario sobre los DNU. La oposición busca que ambos temas avancen rápidamente en el recinto y se conviertan en nuevos focos de control parlamentario sobre el Ejecutivo.
