A menos de un mes de las elecciones nacionales, la Cámara de Diputados dio un paso relevante que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país. Las comisiones de la Cámara Baja emitieron dictamen sobre el proyecto que busca modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el Ejecutivo y motivo de preocupación para el gobierno de Javier Milei.

El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado, se impuso como dictamen de mayoría gracias al apoyo de 35 legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Esta iniciativa apunta a aumentar los controles sobre el uso de los DNU y, en consecuencia, a recortar la capacidad de acción directa del presidente.

La Libertad Avanza, el espacio oficialista, presentó un dictamen en rechazo con 10 firmas. Por su parte, Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, formalizó una propuesta propia, diferenciándose del resto de la oposición. El radicalismo (UCR) y el PRO, que históricamente impulsaron cambios en esta norma, optaron por no firmar ningún dictamen, evidenciando las dificultades de la oposición para articular posiciones comunes en un contexto de alta volatilidad política.

Una de las figuras clave en esta decisión fue Silvia Lospennato, quien en la última reunión había manifestado su intención de sostener la coherencia histórica de su partido sobre los DNU. Sin embargo, tras el reciente acercamiento entre el presidente Milei y Mauricio Macri, la diputada decidió acatar la postura partidaria y no suscribir ningún dictamen, en línea con la decisión del PRO y la UCR. Su cambio de actitud reflejó las tensiones internas que atraviesan a la coalición opositora, especialmente después de que su voto disidente en una sesión previa generara el enojo de Cristian Ritondo, jefe del bloque.

Si bien el dictamen ya está en condiciones de ser tratado en el recinto, aún no hay fecha prevista para la votación. La falta de respaldo de bancadas clave, sumada a las críticas sobre la redacción final del proyecto, pone un manto de incertidumbre sobre la suerte de la iniciativa. Para su aprobación, la ley requiere mayoría absoluta, es decir, 129 votos afirmativos. Si el texto sufre modificaciones, deberá regresar al Senado para su revisión.

La ley actual de DNU, sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner e impulsada por Cristina Kirchner, establece que los decretos entran en vigencia desde su firma, salvo que ambas cámaras del Congreso los rechacen. El proyecto que ahora tiene dictamen de mayoría propone una transformación significativa: para que un DNU sea validado, deberá ser aprobado expresamente por ambas cámaras, con mayoría absoluta de los presentes, y establece un plazo de 90 días para su tratamiento. Si pasado ese tiempo no se trata, el decreto queda sin efecto. Además, si una sola cámara lo rechaza, el DNU también pierde vigencia.

Juan Manuel López, al presentar su dictamen alternativo, sostuvo que la ley vigente es «inconstitucional» porque basta el rechazo de una sola cámara para expresar la voluntad del Poder Legislativo. Propuso, además, eliminar el plazo de caducidad y permitir el rechazo parcial de los DNU. En contraste, el presidente de la comisión, el libertario Mayoraz, sostuvo que la reforma es «inconstitucional», «desestabilizadora» y «genera inseguridad jurídica».

Desde la oposición, el socialista Esteban Paulón pidió públicamente al presidente Milei que no vete la ley en caso de que sea aprobada, remarcando que la norma no tiene impacto presupuestario directo y lo exhortó a «ajustarse a derecho» y cumplir con la Constitución dialogando con el Congreso.

El futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad de la oposición para sostener los acuerdos alcanzados y sumar el respaldo necesario en el recinto. De avanzar, la reforma significaría una restricción importante al poder presidencial y un giro respecto al funcionamiento de los DNU, una herramienta que ha sido motivo de controversia desde su creación.