En una audiencia clave ante el Tribunal Oral Federal 7, alrededor de cincuenta empresarios acusados en la causa de los Cuadernos de las Coimas propusieron una alternativa radical para evitar el juicio oral: pagar sumas millonarias en concepto de «reparación integral». Sin embargo, la fiscal Fabiana León fue categórica en su rechazo y dejó en claro que la corrupción debe ser juzgada públicamente y que «la honra no se paga».

La causa de los Cuadernos investiga una presunta red de corrupción que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, habría recaudado coimas desde el Ministerio de Planificación Federal a través de empresarios contratistas del Estado. El proceso judicial es de dimensiones inéditas: hay 174 acusados, 630 testigos y 540 hechos investigados, con Cristina Kirchner como principal imputada, sindicada como jefa de la asociación ilícita.

Los empresarios ofrecieron pagos multimillonarios para cerrar la causa sin juicio. Hugo Dragonetti se comprometió a desembolsar más de 1.421 millones de pesos; Miguel Aznar, 1.100 millones; Julio José Paolini, 826 millones; Mario Rovella, 732 millones; Miguel Marconi, 527 millones; Gabriel Romero, más de 510 millones; y Armando Loson, 181 millones de pesos, entre otros. Algunos, como el financista arrepentido Ernesto Clarens, propusieron entregar bienes embargados en Estados Unidos: un departamento y un yate valuados en 1,5 millón de dólares. Otros ofrecimientos fueron menores, como los 10 mil dólares de Sergio Taselli o los 5 millones de pesos de Luis Armani.

Los acusados argumentaron que el juicio, previsto para comenzar el 6 de noviembre de este año con audiencias virtuales semanales, sería extremadamente extenso y complejo. Además, señalaron que muchos de los procesados son personas de edad avanzada o tienen problemas de salud, por lo que consideran que una «reparación integral» sería una solución más eficiente y humana para cerrar la instancia penal.

No obstante, la fiscalía fue inflexible. Fabiana León subrayó que aceptar pagos para evitar el juicio sería abrir «un mercado de impunidad» y que el daño causado por la corrupción no es sólo económico ni puede ser reparado con dinero. «El daño en los delitos de cohecho no es esencialmente patrimonial», afirmó, y explicó que afecta la confianza pública, distorsiona decisiones administrativas y erosiona la legitimidad del Estado. León sostuvo que «no hay víctima particular» con quien negociar y que la reparación integral es solo aplicable en ciertos casos y requiere la aprobación del Ministerio Público Fiscal, que en este expediente no está dispuesto a concederla.

La fiscal también remarcó que el proceso judicial ha sido exhaustivo, con más de 580 presentaciones realizadas por la fiscalía y más de 50 excepciones rechazadas desde que la causa fue elevada a juicio oral. Consideró que llegar a juicio público es la única vía legítima y constitucional, y que «la confianza en la justicia se construye cuando las reglas funcionan en los casos más difíciles». Aceptar una salida transaccional —advirtió— enviaría un mensaje social «letal»: que las leyes pueden ser negociadas por quienes tienen recursos.

Desde el Gobierno, la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern, también se opuso terminantemente al pedido de los empresarios. El abogado de la UIF sostuvo que la reparación es «jurídicamente inadmisible» en este contexto y que los bienes provenientes de delitos deberán ser decomisados y devueltos al Estado una vez que haya condena.

Así, la justicia federal ratifica su postura: el juicio oral y público, previsto para noviembre, será la instancia decisiva para determinar responsabilidades y sanciones en la megacausa de corrupción que sacudió la política y los negocios en la Argentina.