La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia, buscando modificar las condiciones de su arresto domiciliario. La dirigente peronista, condenada en junio pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, pide la remoción de la tobillera electrónica que monitorea sus movimientos y la eliminación de restricciones para recibir visitas en su domicilio.

La apelación, presentada por sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, se produce luego de que instancias judiciales anteriores rechazaran sus planteos. Esta es la primera vez que Cristina Kirchner acude al máximo tribunal del país tras la confirmación de su condena. Sin embargo, la ex mandataria ha solicitado que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso, argumentando temor de parcialidad.

El fallo original estableció que Kirchner debía cumplir su condena en su departamento de la calle San José 1111 bajo estrictas condiciones. Entre ellas, se dispuso el uso de una tobillera electrónica para controlar sus desplazamientos y la obligación de pedir autorización judicial para recibir visitas que no fueran familiares, abogados, médicos o personal de custodia, quienes sí podían ingresar sin restricciones. Además, se le exigió evitar concentraciones de militantes en la puerta del edificio, lo que desató la controversia sobre si podía o no asomarse al balcón.

En su presentación, la defensa de la ex presidenta sostuvo que la tobillera no es necesaria para garantizar el cumplimiento de la pena, dado que Kirchner «siempre estuvo a derecho» y es una figura pública que cuenta, además, con custodia policial permanente en la puerta de su domicilio. «La medida cuestionada debe ser revocada, ya que no existe riesgo alguno que justifique el uso de una tobillera electrónica por parte de CFK», subrayaron los abogados, quienes consideraron que la presencia constante de la policía hace imposible cualquier tentativa de fuga.

Respecto al régimen de visitas, los representantes legales de Kirchner denunciaron que el requerimiento de pedir autorización judicial no tiene respaldo normativo y no se ha aplicado en otros casos similares de arresto domiciliario. «No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares», afirmaron, considerando que esta disposición vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La ex presidenta también fundamentó su pedido de apartamiento de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en supuestas señales de parcialidad. Entre los motivos esgrimidos, señaló la celeridad con la que la Corte Suprema confirmó su condena en la causa Vialidad —apenas 40 días hábiles después de recibir el expediente— en contraste con otros procesos que llevan años en trámite. Además, indicó que Lorenzetti habría realizado declaraciones públicas sobre el caso antes de resolver sobre su condena.

No es la primera vez que Kirchner apunta contra la imparcialidad del máximo tribunal: ya había recusado en el pasado a Lorenzetti en el mismo expediente, aunque la Corte rechazó ese planteo.

La decisión final sobre el futuro de las condiciones de arresto domiciliario de la ex presidenta, así como la aceptación o no de las recusaciones, ahora está en manos de la Corte Suprema. El caso mantiene la atención pública y política, dado el peso institucional y simbólico de la figura de Cristina Kirchner en la historia reciente del país.