En medio de una creciente preocupación por el fentanilo contaminado, familiares de las presuntas víctimas llevaron sus demandas al Congreso, buscando esclarecer las muertes vinculadas a este opioide. Encabezados por Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, las familias reclamaron justicia y medidas inmediatas, acusando al dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, de ser responsable del desastre.

El encuentro en la Cámara de Diputados, al que asistieron legisladores de Pro, la UCR y LLA, fue un intento por dar visibilidad a un caso que ya ha cobrado 76 vidas, según cifras del juez federal Ernesto Kreplak. Las muertes se produjeron en diversas provincias y están relacionadas con la administración de fentanilo del lote N° 31.202, elaborado por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, que se sospecha está contaminado con bacterias.

Las familias sienten que sus voces han sido silenciadas por intereses políticos y del narcotráfico. Alejandro Ayala expresó su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, afirmando que su familia no se callará. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, la investigación avanza lentamente. Hasta ahora, no hay imputados ni detenidos, y las explicaciones son escasas.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, ofreció su versión en una entrevista, asegurando que el problema se limita al lote 31.202 y sugiriendo que la contaminación podría haber sido intencional, ya que no todas las ampollas están afectadas. Esta declaración ha generado más preguntas que respuestas.

En el ámbito legislativo, la diputada Silvana Giudici ha presentado un proyecto para crear una comisión investigadora específica sobre el caso. Aunque el proyecto fue remitido a varias comisiones, aún no se ha convocado a reunión. Giudici, junto con otros legisladores como Cristian Ritondo, ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para que esta tragedia no quede impune.

En la última sesión del Congreso, el tema generó tensiones. Giudici intentó debatir de urgencia dos proyectos relacionados con la investigación, pero las negociaciones con Unión por la Patria se rompieron, acusando al kirchnerismo de obstruir el proceso. La reunión contó con la presencia de numerosos legisladores y familiares de las víctimas, todos unidos en su demanda de justicia.