La administración de justicia en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes debido a la creciente cantidad de cargos vacantes en el Poder Judicial. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el porcentaje de puestos sin ocupar ha aumentado del 30,5% al 32,93%, y se proyecta que alcanzará el 36% para finales de año. Este panorama es el resultado de renuncias y jubilaciones, combinadas con la inacción en el envío de pliegos al Congreso.
Actualmente, el Poder Ejecutivo retiene 222 pliegos que podrían aliviar la situación, pero estos permanecen sin ser remitidos al Senado. La falta de designación de jueces y fiscales se ha convertido en una herramienta de negociación política, lo que retrasa aún más el proceso. Fuentes oficiales han señalado que la decisión de enviar los pliegos depende de la nueva composición del Congreso tras las elecciones legislativas y de la determinación del presidente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 178 cargos judiciales vacantes de un total de 517. En la Justicia Federal de CABA, 46 de los 159 puestos carecen de jueces titulares. En el interior del país, 106 de los 326 sillones están vacíos. En total, 330 cargos judiciales esperan ser ocupados, aunque casi la mitad podría tener titulares si el Gobierno actuara.
El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema han cumplido con su parte al enviar ternas al Poder Ejecutivo, pero estas se encuentran estancadas en el Ministerio de Justicia. Desde que comenzó la gestión actual, más de 200 pliegos fueron retirados del Senado, y de los pliegos actuales, solo 159 están destinados a jueces nacionales y federales, una cifra inferior a la necesaria.
Además, se espera que 33 vacantes más se sumen antes de fin de año debido a jubilaciones y renuncias. Para 2026, se prevé que otras diez vacantes aumenten la cifra total de despachos sin cubrir al 36%, un número alarmante según fuentes judiciales.
El Consejo de la Magistratura tiene en trámite 72 concursos, pero el proceso se detiene en el ámbito político. La aprobación de los cargos judiciales requiere una votación simple del Senado, pero se teme que con la actual composición legislativa, no se apruebe ninguno de los pliegos.
El discurso oficial sostiene la intención de avanzar en la designación de jueces, fiscales y defensores públicos, pero hasta ahora, no se ha concretado ninguna designación durante el año 2024. La crisis también afecta a la Procuración General de la Nación, donde las vacantes superan el 41% y podrían alcanzar el 44% a finales de año.
