En medio de un clima político convulsionado y a poco más de un mes de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional enfrenta una delicada situación en torno al financiamiento de la educación superior. La reciente presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei volvió a poner en el centro de la discusión los recortes aplicados a las universidades y la posibilidad de eliminar el piso legal de inversión educativa, en un contexto signado también por la creciente presión cambiaria y la utilización intensiva de reservas para contener el dólar.

Durante la última semana, el Banco Central debió vender cerca de 1.067 millones de dólares en dos jornadas para intentar frenar la escalada de la divisa, que llegó a cotizar hasta los 1.520 pesos en bancos. Este monto equivale a dos presupuestos anuales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), según precisó Martín Ruiz, subsecretario de Hacienda de esa casa de estudios. ‘En 2024 y 2025, el presupuesto de la UBA rondó los 500 millones de dólares anuales’, detalló Ruiz, quien remarcó que en un solo día se gastó el 80% de ese monto solo para contener el tipo de cambio.

El ajuste en el sector educativo se hace aún más evidente con el proyecto oficial de presupuesto para 2026. La propuesta impulsada por el Ejecutivo no solo estima una asignación para las universidades inferior al 0,5% del PBI, sino que también plantea derogar el piso del 6% del PBI destinado por ley a la educación nacional. Para dimensionar la magnitud del recorte, el presupuesto universitario representaba el 0,87% del PBI en 2017 y el 0,73% en 2023, lo que marca una caída sostenida desde la asunción de Milei.

Ruiz consideró que discutir el presupuesto en el Congreso es fundamental para garantizar previsibilidad y planificación en el sector público. ‘Por primera vez, durante dos años consecutivos hubo un presupuesto prorrogado, lo que, sumado a la alta inflación, le otorgó al Poder Ejecutivo una enorme discrecionalidad en la asignación de recursos’, subrayó el funcionario de la UBA.

El impacto del ajuste se siente con fuerza en las universidades nacionales. Según Juan Ignacio Doberti, profesor e investigador de la UBA, desde la llegada del actual Gobierno se produjo ‘un recorte presupuestario sin precedentes’. Los salarios, que constituyen el principal gasto de las universidades, se redujeron en un tercio, lo que dificulta atraer y retener docentes calificados y genera un éxodo hacia otras actividades.

Doberti advirtió que la reducción de recursos afecta gravemente tanto la enseñanza como la investigación, debilitando los equipos de trabajo y los vínculos entre maestros y discípulos necesarios para el desarrollo académico. Además, los gastos de funcionamiento fueron recortados a partir de abril de 2024, mientras que el alza de tarifas de servicios públicos complicó aún más la operatividad de aulas, laboratorios, bibliotecas, hospitales y viajes de estudio.

Las obras de infraestructura con financiamiento estatal quedaron completamente paralizadas, afectando especialmente a las universidades más nuevas. Por otro lado, las becas destinadas a estudiantes de sectores vulnerables fueron eliminadas en más de la mitad de los casos y el resto perdió un 65% de su valor, lo que limita el acceso y la permanencia de los alumnos con menos recursos.

Doberti concluyó que si bien el Gobierno no cerró formalmente las universidades nacionales, la falta de fondos las obliga a operar en condiciones de extrema precariedad, lo que inevitablemente deteriora su desempeño. Esta situación, opinó, podría ser utilizada para justificar futuros recortes, generando un círculo vicioso que pone en riesgo el sistema público de educación superior en el país.