El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela ha provocado una ola de indignación social y un profundo debate político en Argentina. Las jóvenes, vistas por última vez en La Matanza al subir a una camioneta blanca, fueron víctimas de un engaño: les prometieron dinero por asistir a una fiesta, pero terminaron siendo asesinadas brutalmente.

La investigación confirmó que el triple crimen fue orquestado por una banda narco, en el marco de un ajuste de cuentas. Un dato que agravó aún más la conmoción fue que parte del ataque habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales, en un grupo cerrado. El caso puso en evidencia el accionar impune de bandas criminales y la vulnerabilidad de los jóvenes ante las mafias del narcotráfico.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, calificó el hecho como “una trampa organizada por una banda narco” y anunció la detención de cuatro personas relacionadas al caso. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof apuntó a la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que la banda operaba desde el Barrio 1-11-14, en territorio porteño.

Desde la Ciudad, las autoridades evitaron profundizar en el tema y remarcaron que el crimen se perpetró en la Provincia de Buenos Aires, tanto el secuestro como el asesinato, y que la investigación está en manos de la justicia provincial. «No vamos a caer tan bajo de politizar este tema», señalaron fuentes cercanas al gobierno porteño.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también se refirió al caso en una entrevista, descartando que se tratara de un femicidio y calificando el hecho como “una metodología mafiosa” que, según ella, no debe ser enmarcada como un problema de género. Bullrich cuestionó duramente a Kicillof, exigiendo que se haga cargo de la crisis de inseguridad en la provincia, y criticó su intento de vincular el caso con la ciudad de Buenos Aires, considerando que no existía información suficiente para sostener esa afirmación.

La tragedia motivó pronunciamientos de diversos actores políticos. María Eugenia Vidal, diputada nacional, reclamó la declaración de una emergencia nacional en seguridad y violencia de género, subrayando la impunidad con la que actúan los narcos en el país. El senador Martín Lousteau, por su parte, advirtió que el Estado llega tarde frente al avance del crimen organizado y pidió un enfoque coordinado entre Nación, Provincia y municipios.

Organizaciones sociales y colectivos feministas también alzaron la voz. La agrupación La Cámpora publicó un mensaje en redes sociales advirtiendo sobre las consecuencias del retiro estatal y el impacto de discursos misóginos. Manuela Castañeira, referente del Nuevo Más, responsabilizó directamente al gobierno de Javier Milei por el clima de impunidad y el desprecio hacia las mujeres. Desde Ni Una Menos, se reclamó al Estado la urgente implementación de políticas de prevención y protección, insistiendo en que el caso trasciende el narcotráfico y representa una nueva expresión de violencia patriarcal.

El Congreso, por su parte, anticipa una respuesta legislativa: se discuten proyectos para endurecer las penas relacionadas al crimen organizado y reforzar los programas de prevención de violencia machista. También se evalúa la conformación de una comisión bicameral para investigar el avance del narcotráfico en el conurbano bonaerense.

El asesinato de Brenda, Morena y Lara deja al descubierto la gravedad de la violencia narco, la falta de respuestas efectivas frente a la violencia de género y la necesidad de una acción estatal coordinada y contundente. Mientras la sociedad exige justicia, el debate sobre cómo enfrentar estos flagelos sigue abierto en la agenda política y social argentina.